Después de largas horas de debate, el Senado se aprestaba a sancionar la ley para frenar el “tarifazo” energético que aplicó el Gobierno nacional. La ley se impondrá con el voto del peronismo, el kirchnerismo y el massismo, pero va directo al veto de Mauricio Macri, quien cargará con el doble costo político de subir las tarifas y rechazar la ley que mitigue el impacto en el bolsillo.
Los argumentos son conocidos. La oposición, como indicó el hasta ahora colaboracionista Miguel Ángel Pichetto, quiere “mandar un mensaje político” al Gobierno. El Presidente defiende el tarifazo con el objetivo de bajar el déficit fiscal. Volver a las tarifas de 2017 implicaría un costo fiscal de 115 mil millones de pesos, en momentos en que el Gobierno necesita mostrar más ajuste para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La oposición pretende frenar los tarifazos energéticos y que los aumentos no sean mayores que el índice de actualización salarial y que las distribuidoras eléctricas devuelvan lo cobrado hasta ahora con un “saldo a favor” del usuario, lo que desfinanciaría todo el sistema. Además de volver atrás con las tarifas, la iniciativa opositora implica reducciones impositivas y devoluciones a los usuarios desde el año pasado.
Este mismo miércoles comenzó a redactarse el borrador del veto presidencial. El anuncio se realizaría este jueves por la mañana en caso de que se sancione la ley en el Senado. Justo cuando el Presidente tiene previsto viajar a Cachi, Salta, donde será recibido por Urtubey y el tucumano Juan Manzur. El viernes, el nuevo escenario político será analizado por la Mesa Nacional de Cambiemos con la participación de casi todo el gabinete. El jefe de Estado aseguró que si no aplica el veto, habrá un “agujero fiscal impresionante”.
Pese a que los gobernadores no apoyaron los tarifazos eléctricos, tampoco acompañaron la movida en el Congreso. Es que así como está planteada, la iniciativa beneficia únicamente a Buenos Aires, ya que no legisla sobre tarifas provinciales. La postura del Gobierno de reducir IVA tampoco es acompañada por las provincias, porque terminarían siendo las que “subsidien” el costo energético, ya que se trata de un impuesto coparticipable.
Lo único en lo que los gobernadores coinciden es en traspasar de Nación a Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires las distribuidoras Edesur y Edenor que es lo único que verdaderamente plasmaría un federalismo real. Es decir, hoy la Nación asume el costo de ambas distribuidoras.
El proyecto de la oposición, tal como llegó al Senado de Diputados vulnera la división de Poderes y la Constitución en múltiples aspectos. La fijación de tarifas es atribución del ejecutivo y la retroacción conculca derechos adquiridos en tanto q el proyecto no establece quién devolverá esas sumas para su reintegro, lo que se traduciría en juicios.
Los senadores misioneros se retiraron del recinto antes de iniciar el debate. Misiones ya hizo un esfuerzo propio para contener las tarifas a través del congelamiento y devolución del VAD durante los primeros meses del año, que se compensará con un aumento paulatino en los próximos meses.
Además, se espera que en un mes comience a operar la fábrica de luminarias Leds que se instala en el Parque Industrial. El primer paso será distribuir la tecnología entre los municipios para bajar consumo y costos. Después, desde Posadas, se venderá al público y a toda la región.

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