La expresidente y actual senadora Cristina de Kirchner concurrió este lunes a los tribunales de Comodoro Py para la indagatoria a la que fue citada en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública durante su mandato y el de su esposa, Néstor Kirchner. 
Cristina no declaró, sino que presentó un escrito con su descargo por la causa, con duras críticas al proceso judicial y en el que apuntó a la familia de su sucesor. “Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás ‘Nicky’ Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ’90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas”, afirmó la exmandataria.
En uno de los escritos, la exmandataria pidió el apartamiento del juez Claudio Bonadio -a quien calificó de “juez enemigo”- y del fiscal federal Carlos Stornelli. Y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini, quien sigue las causas Hotesur y Los Sauces.
En la causa Los Sauces Cristina Kirchner está imputada también como jefa de una asociación ilícita junto a sus hijos Máximo y Florencia, y en esa investigación también se sospecha de irregularidades con la obra pública.
En un segundo escrito, pidió la nulidad de la causa por el origen que tuvo la misma: “A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”.
En un tercer escrito, recusó a Bonadio y al fiscal Stornellli: fueron “elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas”.
“En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta”, evaluó.
Tras denunciar “graves arbitrariedades” por parte de Bonadio en su contra en otras causas, la exmandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado.
“En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadio dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida”, señaló.
La senadora señaló que desde que asumió el presidente Mauricio Macri se dictaron en su contra “cinco procesamientos” y subrayó: “increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015”.
Subrayó también: “pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa”.
“Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio”, añadió.
Para Cristina Kirchner, “estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI”.
“A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política”, señaló.

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