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Las implicancias del fallo Ojeda que beneficia a los ahorristas en Misiones

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En la presente nota se intentará explicar los alcances jurídicos de la sentencia dictada por el Juez José Luis Casal días atras, en el marco de una acción colectiva iniciada por un grupo de usuarios y consumidores contra el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de vehículos en la Provincia de Misiones.

El fallo judicial: 

La sentencia en cuestión fue emitida por el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de Posadas, José Luis Casals el día viernes 1 de Noviembre del corriente. En la resolución se ordena retrotraer las cuotas de los planes de ahorro al valor de abril de 2018. A partir de la cuota correspondiente al mes de mayo de 2018,  los valores de las mismas podrán incrementarse según la variación mensual del Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina.

El fallo, dictado en el expediente “FPO 9147/2019 Ojeda Francisco José Antonio y otros c/ FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Medida Cautelar”, beneficiaría a unos cinco mil ahorristas domiciliados en la jurisdicción del juzgado posadeño y afecta a las compañías FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados, Circulo de Inversores S.A.U. de Ahorro para Fines Determinados y Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determinados.

La medida judicial sigue la línea de las dictadas semanas atrás en la ciudad de Córdoba por el juez Franco Flores y en la ciudad de Corrientes por el juez Pablo Teler Reyes. Dichas medidas, al igual que la dictada por Casals el día viernes, con sus particularidades y diferencias, intentan poner freno a los aumentos que, en sus cuotas mensuales son sufridos por los consumidores de planes de ahorro en todo el país. Los aumentos en las cuotas, en todos los casos superan con amplitud al de los salarios y resultan excesivamente onerosos para los ahorristas

Para arribar a esta conclusión, el magistrado posadeño tuvo en cuenta que, a partir de abril de 2018, las   cuotas de los planes de ahorro (más allá de las diferencias entre cada empresa o situación particular), han tenido incrementos por encima de cualquier variable económica. Es decir, explica el magistrado que las cuotas a abonar por parte de los consumidores han aumentado más que lo que pudiese indicar cualquier índice económico o financiero con el cual se lo compare. Ello así toda vez que, por ejemplo, el Índice de Salarios interanual en el período 04/18 a 04/19 ha sido 36,7% (según INDEC), el Índice   de Precios al Consumidor 2018/2019 ha variado un 53,5% (también según INDEC), y el Índice Inflación interanual desde el 04/18 al 04/19 asciende a 54,7% (según el Banco Central de la República Argentina). Explica el fallo que los aumentos de las cuotas en cuestión han sido ampliamente superiores a dichos índices; puesto que en el mismo período (siempre siguiendo lo indicado por Casals), los aumentos sufridos en las cuotas mensuales han sido desde un 150% a un 336% en algunos casos, lo cual supera toda razonabilidad y excede llamativamente los demás índices económicos. 

También ha merituado el magistrado que en el caso, tratándose de un contrato de consumo, el aumento de los valores del automotor y por ende de la cuota, realizados por decisión unilateral de una de las partes del contrato (la empresa) no puede afectar el patrimonio de la otra parte, en este caso del consumidor, principalmente cuando se trata de la parte que se halla en la posición más débil y vulnerable de la relación jurídica, el usuario o consumidor de bienes y servicios. 

El efecto jurídico erga omnes: 

Resulta importante destacar que la medida trata de una acción colectiva, por lo que trae aparejado el efecto jurídico erga omnes, beneficiando a todas aquellas personas que integren el colectivo de individuos incluidos en la “clase representada”. Esto quiere decir que los efectos de la cautelar no benefician solamente a los actores del proceso, sino también a todo aquel sujeto que se halle comprendido en el grupo representado.

Este tipo de acciones, con amplio desarrollo en el ámbito nacional, pero casi inéditas en la Provincia de Misiones se posicionaron en el auge de las discusiones jurídicas con el dictado del fallo “Halabi”  por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009. En dicho precedente, la Corte, siguiendo la normativa norteamericana, esclareció de modo general y por vía pretoriana las condiciones de admisibilidad de estas acciones, esperando el dictado de una norma jurídica que reglamente dicho proceso por vía legal. 

Habiendo pasado casi siete años sin que dicha reglamentación legal se produzca, la propia corte decidió, en 2016, dictar la Acordada 12/2016 en la que echa luz sobre esta cuestión y esclarece no solo los requisitos para la admisibilidad de una acción colectiva, sino el procedimiento para “certificar” e inscribir una acción judicial como “acción de clase” en el Registro de Causas Colectivas que lleva la propia Corte Suprema; ello con el objetivo lógico que no existan en trámite, dos acciones colectivas con la misma pretensión y representando a un mismo grupo de personas.

Respecto de esto último, el caso “Ojeda” que se analiza aquí, conforme lo indican los artículos V y VI del “REGLAMENTO DE ACTUACIÓN EN PROCESOS COLECTIVOS” (Acordada 12/2016 de Corte Suprema);  ha logrado la inscripción del proceso en forma previa al dictado de la medida cautelar, es decir, mediante la resolución del 24 de Septiembre de 2019 firmada por el propio Doctor Casals. 

Ahora bien, el fallo del 1 de noviembre, que mediante la presente se comenta, analiza punto por punto los requisitos de la Acordada 12/2016 de Corte Suprema concluyendo que se hallan cumplidos los requisitos allí indicados. Es decir, según el juez Casals, se ha comprobado a) la existencia de un hecho único, como ser el aumento excesivo de las cuotas,   que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. b) el hecho de que la pretensión se concentra en los efectos comunes del hecho y no en lo que cada individuo puede requerir por separado (daño diferenciado de cada sujeto). Y c) el hecho que el interés individual considerado aisladamente, no justifica la promoción de una demanda. 

Entonces, como se dijo anteriormente, el hecho de que el fallo se haya inscripto como acción colectiva, cumpliendo con todos los requisitos de la reglamentación de Corte Suprema, implica que sus efectos se extienden a todos los individuos alcanzados por el colectivo de personas. El mismo, según el propio fallo se compone de “aquellos usuarios y consumidores que suscribieron un contrato de adhesión antes de abril de 2018 con las compañías de auto ahorro enumeradas y que tengan su domicilio dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal”. 

El juzgado Federal de Posadas posee competencia en toda la zona sur de la Provincia (departamentos Capital, Apóstoles, Concepción de la Sierra y Candelaria), por lo que la medida se extendería en principio a las localidades allí incluídas. Ahora bien,  fue el propio letrado de los ahorristas actores del proceso, el Doctor Jair Dib, quien en declaraciones periodísticas ante la radio local FM 89.3 Santa María de las Misiones, informó que próximamente la medida será replicada en las zonas centro y norte de Misiones, jurisdicción de los juzgados federales de Oberá y Eldorado respectivamente, para así lograr una protección de todos los usuarios de la Provincia.

Como continúa de aquí en más:

Como ya se ha indicado, el fallo trata de una medida cautelar, lo que implica que la misma se halla destinada a extinguirse, ya sea por el dictado de la medida principal o por el mero transcurso del tiempo  sin que esto último se produzca. 

Sin perjuicio de esto, debe decirse que en principio, los sujetos que, encontrándose en la situación del fallo “Ojeda”, deseen incorporarse a la cautelar, no deben hacer absolutamente nada para ello. Esto dado que las personas que formen parte de la clase representada quedarán automáticamente alcanzados por la medida salvo que expresamente manifiesten su voluntad de excluirse de la misma.

A tal efecto, el propio juzgado emitió un comunicado oficial el mismo día del dictado del fallo, que lleva la firma de la funcionaria a cargo de la Secretaría Civil y Comercial, Felicitas M. Biré Barberán, “a fin de que los usuarios y/o consumidores puedan presentarse ante el Juzgado a manifestar su voluntad de excluirse de los efectos de esta medida cautelar, sin necesidad de asistencia de un abogado para dicho trámite, dentro de un plazo de diez (10) días”. Este comunicado, el fallo ordenó que sea publicado por cinco días en el Boletín Oficial Provincial y el plazo de diez días para efectuar la exclusión comenzará a regir a partir de la última publicación en el Boletín. 

La primera de esas cinco publicaciones se realizó en la página 17 y 18 del Boletín Oficial 15042 del 6 de Noviembre de 2019, por lo que se estima que el miércoles 13 de Noviembre comenzará el plazo de diez días de presentación de las oposiciones. Cumplido dicho plazo, las personas que formando parte del colectivo no hayan formulado su oposición, se considerarán afectados por la medida cautelar y comenzarán a gozar de los beneficios de la misma a partir del día siguiente al que culminan los 10 días hábiles (ya hablando de los últimos días del mes de noviembre). 

Ahora bien, como ya se hubiere dicho, la medida cautelar está destinada a agotarse y, aún cuando para quedar incluída en la misma no es necesario realizar acto procesal alguno, lo cierto es que para mantenerla en el tiempo si. 

Según resalta el propio comunicado antes señalado y remarca el fallo, “los usuarios y consumidores alcanzados tendrán diez (10) días para interponer la acción judicial principal que correspondiera, bajo pena de que la medida no produzca efectos”. 

Es decir, cumplido el plazo de diez días de presentación de las exclusiones y oposiciones, comienza a contarse otro plazo, tambien de diez días hábiles, en el que todo aquel que haya quedado comprendido en la cautelar debe iniciar la acción judicial principal con el patrocinio de un abogado matriculado en la matrícula federal. Es de destacar que si ello no se hiciere, la medida caducaría y quedaría automáticamente sin efecto para esa persona, el día siguiente al del cumplimiento de éste último plazo.

Conclusión:

La tutela de los derechos colectivos de los usuarios y consumidores, a la luz del artículo 42 de la Constitución Nacional, es una cuestión fundamental para el derecho del siglo XXI y los jueces y juezas que avancen en tal sentido (a criterio de quien escribe estas líneas); van en el camino correcto.

El fallo del juez Casals, en este sentido, resulta muy novedoso e interesante, puesto que intenta poner un freno a los aumentos excesivos en los planes de ahorro que, como el propio texto indica, van en desmedro no solo del patrimonio de los ahorristas, sino también de sus derechos económicos y de su calidad de vida; aspectos ampliamente protegidos por los tratados internacionales con jerarquía constitucional. 

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