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La división del ajuste

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Ajustar conlleva costos políticos. El objetivo del gobierno durante estos meses complicados se reduce a evitar que los mismos afecten la gobernabilidad. Es decir, que se profundice la caída de la popularidad del gobierno, la desconfianza de los gobernadores  y el malestar social. Dentro del oficialismo, la preocupación generó algunas expresiones. Los radicales y la diputada Carrió ensayaron algunos diferenciamientos. Y algo similar está haciendo María Eugenia Vidal, quien acusó a “los empresarios que están aumentando los precios sin justificación cambiaria” y considera que la tasa de referencia del BCRA en torno al 40% “no puede seguir mucho tiempo”.

La “protesta” de Vidal se da en el marco de lo que comentáramos la semana pasada: los recortes fiscales en obra pública afectarán al distrito que ella gobierna. La discusión, en este clima de escasez, se traslada a la distribución de las partidas vigentes. La antigua división Nación versus Provincias se convirtió en Ciudad & Provincia de Buenos Aires versus el Interior. De ello se trata el debate por los fondos de AYSA, la empresa de aguas que es de propiedad estatal y que tiene asignada un fondo para obras. Los gobernadores quieren nacionalizarlo y federalizarlo; Vidal y Larreta quieren que se respete la ejecución prevista (en su gran mayoría, en el área metropolitana) y que sea traspasado en forma directa a sus dos distritos.

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Sin embargo, lo que podría ser visto como un logro del gobierno en este momento desafortunado es que el peronismo muestra señales de división en circunstancias que, en otro contexto, propenderían a una unificación. Ya no se trata solamente del diálogo entre gobernadores y kirchneristas, sino de la propia identidad del primer grupo.

Tras siete días de conflictos sindicales y una marcha del 25 de mayo de tinte opositor, este miércoles el Senado tratará el proyecto opositor de tarifas, que ya tiene media sanción en Diputados y que propone entre otras cosas retrotraer los valores a noviembre de 2017. El gobierno pasó de rendirse y avisar que iba a vetar cualquier cosa que salga del Congreso, a querer una victoria política. Es decir, a mostrar que puede frenar al Senado en una mesa de negociación sin necesidad de usar las facultades extraordinarias del Ejecutivo. Mostrar que aún tiene alianzas legislativas como para negociar, junto a la oposición, reformas de contenido económico que podrían formar parte del acuerdo con el FMI.

Lo cierto es que la dispersión del peronismo no kirchnerista es una posibilidad. Por un lado está la posición de Pichetto, quien sigue siendo un coordinador de los intereses de los gobernadores en el Congreso pero hoy está más cercano a la idea de mostrar oposición y alternativa política ante la sociedad. Es también la línea de Sergio Massa, ausente en el debate público pero aún presente en otros niveles. La otra posición, minoritaria pero clave para los números, es la del salteño Juan Manuel Urtubey. Precandidato, pero a la vez más cercano al gobierno y crítico del proyecto de tarifas, Urtubey es la voz de “no poner palos en la rueda” en mayo y junio.

Los números están en el límite. En la mañana del lunes todo dependía de un voto. Pichetto insiste: si no se muestra coherencia ahora, no podremos ser una opción política en 2019. La imagen de la descoordinación o fractura del peronismo pospone el escenario de la coordinación opositora. Ante la opinión pública y los observadores internacionales, deja la lectura de un peronismo balcanizado. Y ello equivale, en este marco, a la gobernabilidad de Macri.

 
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