En tiempos de ajuste, suele decirse que la política debe mostrar el rumbo y dar el ejemplo. A veces, suele suceder lo contrario: en Hipólito Irigoyen, un pequeño municipio donde hay menos de 2.500 habitantes, cuatro concejales quieren gozar de un privilegio que no tuvo en todo 2018, ningún trabajador de la Argentina. En una insólita ordenanza, la mayoría de los concejales votó por un aumento de sus dietas del cien por ciento para elevar sus sueldos de ocho a 16 mil pesos en promedio y engrosar el gasto político en 136 mil pesos.
El intendente Felix López, quien transita su segundo mandato pretende frenar la embestida de los ediles, que se unieron para tirar por tierra el mismo presupuesto que ellos aprobaron hace unos meses, que prevé incrementos salariales del 27,5 por ciento para todo 2019.
El 27 de septiembre de 2018 aprobaron el presupuesto para el ejercicio 2019 que prevé un aumento general presupuestario del orden del 27,5%.
Durante el año 2018, en concordancia con los aumentos dispuestos por el Ejecutivo provincial, el Intendente, escalonadamente incrementó los haberes de la Municipalidad y dietas del Concejo en 30 por ciento.
La presidenta del Concejo es Cristina Kachorrosk, una docente jubilada. La acompañan Sara Mendez, una empleada municipal del área social, Hugo Bogado (empleado de un aserradero) y Alina Schimmelpfenning. Los tres primeros son renovadores y la última, del Partido Agrario. Todos firmaron el pedido de aumento del 100 por ciento de sus dietas. Le agregan, para engrosar la suma pretendida un concepto adicional (inexistente en el escalafón administrativo).

Hace un mes atrás, estos concejales desplazaron al vicepresidente del cuerpo, que era un hombre de confianza del Intendente, formando una mayoría en plena sesión y resolviendo el cambio sobre tablas, sin respetar la necesidad de convocar a una sesión especial como lo ordena la ley de Municipalidades, irregularidad que está cuestionada por el desplazado sin respuesta aún.
Como corolario a la cadena de “favores”, un profesor de Ciencias Jurídicas de la localidad de apellido Benítez, pretende ser incorporado como asesor del Concejo Deliberante “por sus amplios conocimientos jurídicos”, pretendiendo ser contratado con relación de dependencia por una suma similar a la dieta de los concejales.
Por consejo de su nuevo “asesor jurídico sin título universitario” -técnicamente no puede ejercer el cargo, porque los dictámenes deben fundarse en derecho y el profesorado es una carrera terciaria que no otorga esa habilidad-, solicitaron revisar los ejercicios 2015, 2016 y 2017, los que no solo están aprobados por el propio Concejo -con los mismos integrantes- si no que además por el Tribunal de Cuentas, lo que conlleva el concepto de cosa juzgada y no puede ser revisado.

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