Del 23 al 25 de mayo se llevó a cabo en Asunción, el 54° congreso de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles (CLAEC), que nuclea a 11 países de la región: Uruguay, República Dominicana, Perú, Ecuador, Brasil, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, México, Paraguay y Argentina. La consigna del encuentro, en el que empresarios de todo el continente analizaron realidades, perspectivas y desafíos de la actividad, fue “el rol del Estado en el mercado minorista”, según publicó el sitio especializado Surtidores.
Durante su desarrollo, Carlos Gold, titular de CECHA, hizo entrega de la presidencia “pro témpore” a su par paraguayo Alejandro Guggiari. La delegación argentina, representada además de Gold, por los directivos Pedro Llorvandi y Alfredo González, hizo hincapié en la necesidad de la regulación y control estatal, “pero sin exceder el límite en el cual las estaciones pasen a ser simples sujetos pasivos sin ninguna injerencia en las decisiones que puedan repercutir en el futuro del sector”, puntualizó el empresario correntino.
Finalmente y como sucede a la finalización de cada evento, los presentes redactaron una “carta declarativa”, en la que dejan sentada su posición sobre los temas debatidos, la cual se reproduce a continuación:
 Establecer reglas claras para la comercialización de combustibles, especificando con precisión los roles de los distintos actores de la cadena de comercialización, buscando el beneficio del consumidor final en un ambiente de economía de libre mercado. Diferenciar claramente al segmento de la cadena de comercialización minorista, evitando la integración vertical para favorecer al consumidor final.
Evitar la conformación de monopolios y/o oligopolios, donde la enorme diferencia de escala y el poder dominante que le otorga eso a las mayoristas, tenderá a la paulatina desaparición del segmento de las pymes, empresas familiares, aumentando la desigualdad económica y el poder de las grandes empresas, en detrimento del consumidor final.
Prescindir en la aplicación de subsidios innecesarios, que encubren los verdaderos costos de los combustibles, distorsionando la economía y obligando a pagar la diferencia, a sectores e individuos que no tienen nada que ver con el consumo del producto. Insistir en la necesidad de que los Estados velen para mantener un ambiente de libre competencia, evitando prácticas monopólicas.
Evitar la proliferación indiscriminada y masiva de Estaciones de Servicio, cuando éstas ya no responden a reales necesidades, sino a la lucha por el posicionamiento de marcas o al afán de controlar el mercado.
En ese sentido los Estados deben asegurar la eficiencia económica en la operación de la Estación de Servicio, cuidando la seguridad pública y el medio ambiente.

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