La Comisión Europea presentó el pasado 19 de febrero su Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial (White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust), con el que quedan fijados los ejes fundadores de la política de desarrollo en materia tecnológica y de datos.

El impacto de la transformación digital en nuestro entorno es de tales proporciones que nos permite, hablar ya en presente de una Cuarta Revolución Industrial. Ecosistema de confianza, flujo de datos, algoritmos o desarrolladores son expresiones cada vez más familiares y, por ello, integradas en el acervo común. Así, junto a las competencias personales o laborales, hoy ya hablamos también de competencias digitales: ese conjunto de habilidades técnicas que permiten a la persona operar y relacionarse en el entorno digital como si éste fuere para ella un hábitat propio.

Por ello, junto a la revolución que ese cambio de enfoque y planteamiento ha de determinar en los ámbitos profesionales, es preciso también que la Administración Pública no permanezca inalterable y, junto a la sociedad, genere un desarrollo de la conciencia de dicho impacto y a la vez asuma la regulación de todos los aspectos que dicha realidad tecnológica, genera.

En el caso particular de la Administración de Justicia, el aumento de la litigiosidad y la exigencia de una más eficiente capacidad operativa para atender las demandas planteadas, convierte en imperativa la apuesta por la Inteligencia Artificial como sistema al servicio de la resolución de conflictos. Evidentemente, no puede olvidarse la importancia de los fines del proceso jurisdiccional y, por ello, entendiendo que la actividad judicial es un sector de riesgo -dada su afectación directa a derechos y su capacidad de modificación de realidades- en un imperativo de POLITICA DE ESTADO extremar todas las medidas protectorias para evitar que la búsqueda de un objetivo instrumental, vulnere la más eficaz consecución de la tutela de derechos e intereses-  y termine por desvirtuar el objetivo final de todo proceso judicial: la garantía efectiva de esos mismos derechos e intereses.

La oportunidad de emplear la inteligencia artificial para ofrecer un mejor servicio público no puede ser desperdiciada. De este modo, después de la sustitución que las aplicaciones informáticas supusieron para la tramitación manual de expedientes, surge ahora un nuevo estadio evolutivo: la dotación de autonomía propia y capacidad de reconocimiento a esas mismas aplicaciones. Las posibilidades de software, de reconocimiento de documentos o comprensión de números o caracteres, permitirían una tramitación instantánea a través de la generación automatizada de resoluciones que, sin menoscabo de la supervisión humana que fuese ejercida por el Letrado de la Administración de Justicia o funcionario habilitado, ahorraría de forma mayúscula ingentes recursos de toda índole, convirtiendo el proceso judicial en un esquema eficiente de base digital, transparente, inteligente, supervisado y, lo más importante, al servicio de la tutela sin dilaciones que todos merecemos.[i]

No hace mucho tanto en CABA como en la provincia de Mendoza se ha comenzado a instrumentar el sistema Prometea de Inteligencia Artificial (IA) aplicado a los procesos judiciales. [ii]

Este sistema efectivamente se comenzó a aplicar en el Ministerio Publico de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde fines de 2017, y permite realizar un dictamen jurídico de manera integra a través de la detección de patrones, lo que se traduce en una agilización de los tiempos procesales, contando incluso con un asistente de voz (como Siri en Apple).

Prometea funciona bajo un modelo de pantalla integrada en el que no hace falta abrir diferentes ventanas para buscar información o acceder a documentos existentes. Se la puede entrenar para que sea una suerte de sabueso. Prometea controla plazos y requisitos para controlar los escritos judiciales. Es capaz de dictar resoluciones y hasta sentencias. Pero a la vez en la faz administrativa puede en minutos elaborar un completo pliego de bases y condiciones para una contratación pública.

Puede enfocarse a justicia de montos pequeños, procesos tributarios o de apremio como primer paso, como a cuestiones de justicia de paz, liberando recursos para enfocarlos a cuestiones de mayor complejidad. Es decir, resuelve tareas simples, burocráticas y repetitivas donde no hay para innovar. Los limites, el derecho de las personas y la ética, es decir, no creemos se prescinda ni se deba prescindir del hombre y su control, es decir es un avance tecnológico que debe ser regulado estrictamente en resguardo de la constitución y el plexo de derechos, pero es necesario avanzar y no necesitamos una pandemia para ello, necesitamos decisión Política.[iii]

[i] Inteligencia Artificial y proceso judicial: una revolución que se aproxima. Alvaro Perea González

[ii] Prometea inteligencia Artificial para agilizar la justicia. Unidiversidad Emilio Murgo.

[iii] Prometea, inteligencia artificial para hacer justicia. Charla con Juan Corvalán Ámbito Financiero 22.10.19.

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Sergio César Santiago

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