De vuelta al fondo
La tortuosa relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional se inició en 1956 por iniciativa del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Desde entonces, Argentina estuvo “bajo acuerdo” con el organismo durante 38 años hasta 2006, cuando Néstor Kirchner canceló casi diez mil millones de dólares de la deuda contraída en los años previos, que terminaron en estallido de 2001. Las “transitorias” asistencias financieras, fueron para el país, casi una norma, aunque las relaciones no siempre fueron carnales.
Cuando la balanza se inclinó hacia una mayor intervención del Estado en la economía, las presiones fueron asfixiantes. En 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía se sacó el corset, canceló la deuda y suspendió el acuerdo.
En cambio, en los períodos de preponderancia del libre mercado, hubo indulgencia, como en los últimos años del menemismo, cuando el país se encaminaba a una evidente crisis por el exceso de deuda y la inevitable caída en default.
Durante la dictadura de 1976, el Fondo apoyó el programa regresivo y se convirtió en garante del repago de 43 mil millones de dólares que se convirtieron en la herencia económica que después condicionó a los gobiernos democráticos.
Raúl Alfonsín recurrió cuatro veces al Fondo, Menem otras cinco y la fugaz alianza otras dos, incluido el Megacanje y el Blindaje. Duhalde cerró un último acuerdo hasta que Néstor Kirchner rompió relaciones para recuperar independencia económica.
Con el santacruceño hubo una guerra frontal y hasta 2018, la Argentina se había librado de la imposición de las políticas del FMI.
En ninguno de los períodos bajo el mandato del FMI hubo una real mejora económica y de los indicadores sociales.
Durante pequeños períodos pos acuerdos, se equilibran las variables que obligaron a pedir auxilio, pero a largo plazo, los efectos son contrarios. Lo mismo sucede con la pobreza, que siempre creció en igual proporción que los montos de los préstamos, hasta un insoportable 50 por ciento después del estallido de la Convertibilidad, sostenida por el placebo que inyectaban los mercados y el complaciente Fondo.
Sorpresivamente, el martes, el presidente Mauricio Macri anunció la vuelta al FMI. Fue apenas unas horas después de una cumbre con sus socios de la alianza Cambiemos para analizar la suba de tarifas y la corrida del dólar. Todos salieron a “ratificar el rumbo” y a negar cualquier problema. El senador Humberto Schiavoni aseguró que la disparada del dólar se debía al movimiento de tasas en Estados Unidos y que “gracias a la competencia del Gobierno en el manejo de las variables, el Gobierno pudo calmar a los mercados”. El radicalismo ni se enteró. El dólar, tampoco. Siguió subiendo hasta superar los 25 pesos al filo del cierre del viernes, cuando el Central gastó 25 mil millones de pesos para enfriar la fiebre.
Para contener la suba, el Gobierno gastó desde abril casi el cinco por ciento de las reservas y no hay certezas de que haya tocado el techo. En las últimas semanas se esfumó el equivalente a toda la porción de educación en el presupuesto nacional y el doble de salud, un plan de infraestructura completo para el país, o varios años del denostado Fútbol para Todos. El dólar subió 50 por ciento en un año y 25,5 solo en 2018.
Pese a contar en su equipo con el Messi de las finanzas y varios ministros de economía sin sillón, no hubo receta que calmara la fiebre.
Macri dio un mensaje con un giro dramático y juró que pedía el préstamo “pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho”.
El tono y la estructura traen a la mente un mensaje similar, en diciembre de 2000, cuando Fernando De la Rúa también difundía un spot grabado celebrando el Blindaje que iba a salvar la economía argentina. “Es un éxito para mí como Presidente y para todo el pueblo que se beneficiará porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos”. “¡Qué lindo es dar buenas noticias!”, se despedía sin presagiar que exactamente un año después debería huir en helicóptero.
Macri no dio demasiados detalles del pedido de auxilio que sorprendió a propios y extraños. Pedir auxilio al FMI no es el mejor cartel para una campaña que se avecina y contrasta con una de las políticas que el kirchnerismo transformó en bandera.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tampoco explicó los alcances del nuevo blindaje, siquiera después del encuentro en Washington con Christine Lagarde. Hasta ahora se sabe que Argentina intentará calificar para un crédito stand by de alto acceso.
Es un misterio lo qué sucedió entre la noche del lunes, cuando se hizo la cumbre de Cambiemos y el mediodía del martes, cuando hubo que salir a pedir auxilio al Fondo.
Todo indica que no fue la imparable corrida del dólar, sino la posibilidad certera de no poder cancelar vencimientos de deuda y de bonos Lebacs que se acumulan en forma geométrica. El modelo de financiamiento vía deuda externa llegó a su fin con la suba de tasas en Estados Unidos y ya no hay garantías de que el “mercado” confíe en la Argentina.
La suba de tasas del Banco Central pretende enfriar el furor por la moneda verde, pero el costo es demasiado elevado y ya hay quienes miran con desconfianza la táctica de ofrecer demasiado. Cuando la ganancia es tan alta, hasta el Lobo de Wall Street se pone en guardia.
El peso de los intereses es ya de dos puntos del PBI y el déficit fiscal de 6,4 por ciento.
El martes vencen cerca de 30 mil millones de dólares en Lebacs, el instrumento favorito de Federico Sturzenegger para contener la inflación. Si hipotéticamente, los tenedores decidieran salirse y recuperar sus dólares, se llevarían el equivalente al salvataje que se busca con el FMI. El préstamo serviría para financiar la fuga de capitales. También es cierto que hoy pedirle plata al fondo es más barato que apostar a los mercados financieros, aunque el costo político sea enorme.
¿Por qué el mercado mira con desconfianza a un Gobierno que hizo casi todos los deberes? Tener al Messi de las finanzas no garantiza ganar el partido de la economía real. La acumulación de endeudamiento y la falta de recursos por la parálisis económica y un dólar cada vez más caro, obligan a replantear estrategias.
Para 2018, el monto total de vencimientos de deuda era de u$s 64.649 millones, pero el 30% ya fue cancelado y restan pagar u$s 44.842 millones. De los casi u$s 65.000 millones, casi 70% son colocaciones realizadas en 2017. El porcentaje sube al 80% si se toman las colocaciones a partir de la asunción de Macri, indica la Fundación Abdala.
Para 2019, los vencimientos de deuda entre capital e intereses alcanzan a u$s 35.410 millones. En este caso, el 68% de ese total fue colocado por la actual administración.
Si consigue los 30 o 40 mil millones de dólares que va a buscar, Macri tendría el colchón para cubrir los vencimientos por lo menos hasta el fin de su mandato y daría una señal a los mercados para conseguir más financiamiento.
Lo curioso es que el propio Gobierno alimentó varios monstruos que ahora lo amenazan. Desactivó las trabas para la fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior, eliminó retenciones a la patria de la soja y el límite de tiempo para liquidar ganancias a los exportadores. Claro está, hoy no hay dólar que alcance.
Los sojeros, por los que “se jugaron la vida”, según reclamó Carrió, no devuelven generosidad. No liquidan a la espera de una mayor devaluación que maximice rentabilidad. La patria primero.
El modelo económico instaurado en 2015 consiste en asegurar el funcionamiento en base a un masivo endeudamiento externo con una preeminencia del capital por sobre el trabajo. Este nuevo endeudamiento estuvo orientado siempre a incrementar reservas y atender las obligaciones externas y no al desarrollo interno.
La política de tasas altas para seducir a los mercados se traduce en problemas en la economía real que cada día se acentúan. La construcción solo crece en el centro del país, mientras que en la mayoría de las provincias registra una caída. En Misiones la construcción privada cerró el año en una baja de 5,3 por ciento –comparada con un 2016 que ya había sido pésimo- y hoy hay constructoras que no pueden vender departamentos ya terminados, lo que desató una guerra sucia entre empresarios para poder captar algún cliente.
El Banco Nación suspendió los créditos hipotecarios a una tasa del 17 por ciento y acceder a un crédito es cada vez más complejo por el nivel de las tasas. La entidad que conduce Javier González Fraga le echa la culpa a Sturzenegger, pero tomó otra medida que causó pánico en cientos de empresas a lo largo del país: decidió parar la compra de cheques diferidos, un recurso por el que las empresas se hacen de efectivo a cambio de sus cheques a plazo, pagando una tasa de descuento. Las empresas que canjeaban sus cheques para conseguir liquidez se vieron desnudas. La ola de quejas hizo dar marcha atrás. Pero ahora canjear los cheques tendrá un costo de 36 por ciento, por lo menos hasta que pase la tormenta.
Pretender que la vuelta al Fondo será esta vez inocua para la Argentina es pecar de ingenuo. “Es un Fondo Internacional muy distinto al de hace 20 años”, argumentó Dujovne, más en defensa propia que en ayuda del organismo.
Vale mirar a Grecia que está bajo el auxilio del FMI desde hace varios años y todavía sigue en respirador artificial. A cambio de la asistencia financiera, el país helénico tuvo que hacer una reforma laboral, achicar el Estado y privatizar casi todos sus activos. Los otros países con créditos stand by como los que pidió Argentina, son Irak, Jamaica y Kenia.
En diciembre pasado, un reporte del FMI sobre Argentina advertía que “es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales” y recomendaba “considerar la adopción de un ancla fiscal a mediano plazo y de un mecanismo más riguroso para exigir el cumplimiento”. En paralelo plantearon “acelerar la reducción de los aranceles de importación, eliminar la mayoría de los permisos de importación, retirar los obstáculos a la inversión y la entrada de empresas al mercado y adoptar medidas para promover la competencia interna”.
En un nuevo reporte, publicado en las últimas horas, el FMI reclama que “en los casos en que la sostenibilidad o credibilidad fiscal pudieran correr riesgo, las autoridades deben abordar esas inquietudes aplicando un ajuste con una fase inicial más intensa e impulsando la reforma fiscal”.
Entre las demandas del organismo para prestar plata a la Argentina, figurarían un congelamiento de las jubilaciones y pensiones y un achique en la planta del Estado, además de la reforma laboral demorada por la presión de los sindicatos. “Ahora nos van a exigir más”, admitió el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Hasta ahora el Presidente no dio detalles de lo que está dispuesto a aceptar como condiciones. Solo explicó la urgencia a un grupo de gobernadores y una decena de empresarios de primera línea, entre los que se encontraba el misionero Gerardo Díaz Beltrán, como flamante presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Lejos de las especulaciones políticas, los gobernadores apelaron a la responsabilidad. Un grupo estuvo en la Casa Rosada a pedido del Presidente.
El misionero Hugo Passalacqua fue recibido en la Residencia de Olivos.
La apelación a los gobernadores es una señal clara que la política es la única instancia para sostener el timón cuando la turbulencia financiera pone en peligro al barco.
“Las dificultades del momento imponen racionalidad, sensatez y unidad”, expresó Passalacqua tras reunión con Macri. Fue el mismo tono diplomático de los demás gobernadores. No comparten la decisión, pero no es momento para pasar facturas.
“Sin pertenecer al color político del Gobierno nacional creemos que el paso de la toma de crédito por parte de la Nación colabora en despejar incertidumbres en el universo de las finanzas y el crédito internacional. Aunque ellos (por el Gobierno nacional) sean quienes tengan la responsabilidad de gobernar al país no vamos a ser los misioneros, a quienes cuidaremos siempre, quienes dificultemos la acciones de gobierno”, insistió el gobernador misionero.
La responsabilidad institucional contrasta con el socio de la alianza Cambiemos. La UCR emitió un duro comunicado firmado por el presidente de la Convención Nacional, Jorge Sappia. “Sostenemos que antes de esa determinación deberían haberse intentado otras medidas menos gravosas para el pueblo, sus trabajadores, sus empresarios, sus jubilados. Ahora, existe un riesgo cierto de recesión, y con ella, la caída del consumo, la parálisis económica y la pérdida de fuentes de trabajo y de empleo”, critica. No es la primera vez que el radicalismo hace públicas sus desavenencias, aunque su actitud adolescente se interpreta como la necesidad de forzar internas para ganar espacios de cara a 2019.
Lejos del poder central, las críticas corrieron desde todos los espectros políticos. Hasta la Iglesia, en la voz del obispo Jorge Lugones, titular de la Pastoral Social, acudir al FMI “no es una salida inteligente”. Además cuestionó al Gobierno: “Acá de gradualidad no hay nada”.
Misiones ha sostenido en todo este tiempo la palabra gobernabilidad. Desde la vereda opuesta al Gobierno nacional diferencia los matices ideológicos de la necesidad de sostener un timón institucional. En la última semana dio una nueva muestra. Se opuso a los tarifazos, pero también a la idea de que el Congreso imponga otra política. Es una decisión que corresponde al Presidente.
Como nunca, en esta nueva turbulencia, resalta la tranquilidad de haber asumido una política económica opuesta al modelo actual. Desde 2003, cuando el hoy presidente de la Legislatura, Carlos Rovira asume su segundo mandato como gobernador, se dejó de tomar deuda y se limitó la exposición en dólares de los pasivos. Por estas horas, el conductor de la Renovación transmitió un mensaje claro: “Hay que estar más que nunca al lado del pueblo. En los peores momentos hay que proteger y socorrer a los que necesitan”.
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