Carolina López Forastier

Carolina es Abogada, funcionaria del Senado de la Nación

La imprenta Jesuítica recuperada: símbolo del poder de la comunicación con la palabra

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Corría el año 2010 cuando el entonces gobernador de la provincia, Maurice Closs, me encomendó la recuperación de nuestro patrimonio jesuítico, disperso en distintos lugares de la Argentina.

Claro que no fue fácil. Pasaron muchos gobiernos, pero desde el compromiso con nuestra identidad y nuestra cultura comenzamos la tarea de la mano del entonces ministro de Cultura, ingeniero Luis Jacobo; del intendente de San Ignacio; de Javier Canteros, a cargo del área de Cultura de ese municipio, y de tantos otros misioneros comprometidos con la recuperación de nuestro patrimonio.

Nuestra primera reunión fue en un imponente palacio de la avenida Alvear, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fuimos recibidos por autoridades nacionales y dejamos la primera nota formal, en la que enumerábamos los bienes que pertenecían a Misiones y que entendíamos que debían regresar a la provincia.

A partir de entonces comenzó un largo derrotero entre autoridades porteñas, la rígida Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y distintos intelectuales devenidos en funcionarios.

No estaban dispuestos a ceder nada.

Muchos de aquellos bienes jesuíticos habían salido de Misiones cuando todavía era Territorio Nacional y fueron trasladados a Buenos Aires, algunos para integrar colecciones públicas y otros, incluso, terminaron en manos privadas.

Nuestro reclamo no cesó.

Pero, sin dudas, el caso más difícil fue el de la imprenta de los jesuitas.

De acuerdo con las investigaciones de Marcelo León, de la Universidad Nacional de Misiones, la imprenta instalada en la reducción de Nuestra Señora de Loreto alrededor del año 1700 marcó un hito en la historia regional.

Fue la primera imprenta del área rioplatense y una experiencia extraordinaria para su época. El equipamiento fue construido con materiales disponibles en la región, entre ellos madera y metales, en un contexto de recursos limitados.

La imprenta de Loreto fue una verdadera rareza histórica. Surgió décadas antes que las primeras imprentas que comenzaron a funcionar posteriormente en Buenos Aires y Córdoba. Fue una experiencia desarrollada en estas tierras con los instrumentos y conocimientos disponibles mucho antes de la consolidación de la imprenta en los principales centros urbanos del Virreinato.

¿Saben por qué su recuperación resultó tan difícil?

Por el enorme valor simbólico que tienen la comunicación, el conocimiento y la palabra como herramientas de poder.

Los argumentos para impedir su regreso eran variados y, en algunos casos, hasta llamativos, aunque siempre firmes: que la imprenta había sido adquirida en la década de 1940 por el diario La Nación -lo cual es cierto-; que algunas de sus piezas habían sido modificadas; que sería necesaria una ley especial para devolverla; o que, en todo caso, podía estudiarse alguna figura como un comodato o un préstamo de uso.

No quiero dejar de mencionar a la arquitecta Mercedes Garzón Maceda, presidenta del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP Argentina), quien, con su corazón puesto en Misiones, nos ayudó con un aporte técnico preciso y fundamental para sostener

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Derechos humanos en los tiempos de la IA: las granjas de bots y el riesgo de la verdad y la transparencia en los procesos electorales

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¿Con quiénes discutimos en las redes sociales?

Una granja de bots es una red de dispositivos, programas o secuencias de comandos que operan de forma automática para controlar miles de cuentas falsas. Su objetivo principal es simular actividad humana masiva para manipular la opinión pública, inflar métricas de interacción o difundir contenidos en redes sociales.

Cómo funcionan

Controlan cientos o miles de perfiles digitales de forma coordinada.

Obligan a los sistemas de plataformas como X, Instagram o TikTok a destacar ciertos temas o etiquetas (hashtags).

Hacen creer que una idea o un candidato tiene un apoyo social mucho mayor al real.

Sin lugar a dudas, y como lo venimos sosteniendo en varios artículos, el avance de la IA y los riesgos de los derechos humanos son cada vez más evidentes.

Usos habituales

Política: campañas electorales para instalar relatos o atacar adversarios.

Comercio: compra y venta de seguidores, visualizaciones y «me gusta» para empresas o marcas.

Ya no somos espectadores y nos encontramos ante una verdadera crisis. Y, sin dudas, necesitamos no solo una regulación, sino una alfabetización digital que incluya al menos:

Conocer la infraestructura de las granjas.

Determinar las identidades «sintéticas».

Verificar los modelos que aparecen falsamente en las redes.

Si bien debemos decir que la IA no cambia el voto de la gente, lo cierto es que trabaja y modifica absolutamente la percepción de la sociedad, desde un debate hasta la posición sobre algún conflicto (ej.: hacer una represa). Es decir que la influencia puede llegar a ser tan grande que puede modificar cualquier decisión, no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad al momento de emitir su opinión o voto.

Estos modelos no intentan censurar abiertamente, sino a través de fake news, notas falsas o likes inexistentes.

Está probado, además, cómo los sesgos de la IA amplifican cuestiones absolutamente discriminatorias de minorías religiosas, sexo y razas, y son generadores de campañas de odio que pueden provocar en 30 minutos.

Las empresas de redes sociales emplean sistemas de recomendación basados en la interacción de los usuarios con sus plataformas y el tiempo que pasan en ellas, con el objetivo de maximizar los ingresos publicitarios y, obviamente, la política se ha mechado en ellos.

Estas dinámicas pueden conducir a una mayor exposición a la desinformación de dos maneras, y los algoritmos construidos en torno a métricas basadas en la popularidad son vulnerables a la manipulación por parte de los bots sociales.

1.- La IA generativa es muy económica en relación con el costo/beneficio. 2.- Con una excesiva velocidad. 3.- Desconocemos si el debate es con un bot o una persona.

Los derechos humanos nacieron para proteger a los ciudadanos ante los excesos de los Estados y, en este nuevo escenario, nos encontramos en la era de la inteligencia artificial, donde no existe el cinturón de seguridad.

Mientras en Europa ya existe normativa al respecto y Brasil está discutiendo un marco normativo, en Argentina lo vemos como si fuéramos meros espectadores y no protagonistas o víctimas, que es peor.

Hoy, una granja de bots puede ser operada por una sola persona: hasta 5.000 perfiles y con modismos de la región.

¿Quién entrena a los bots para que la IA hoy pueda revisar tu perfil, tu CV, tus pensamientos y tu ideología antes de conseguir un trabajo?

Sin dudas, estamos frente a la más grande vulneración de nuestros derechos humanos y a vivir en un Estado de derecho.

En Argentina no existe autoridad de aplicación de cuestiones relativas a la IA, ni tampoco la obligación de preservar a los menores de edad, la existencia de filtros de belleza o la obligación de destacar que el contenido fue realizado con IA.

La falta de regulación no es neutralidad: es una decisión política que beneficia a unos pocos.

Lo básico que deberíamos reclamar quienes defendemos los DD. HH. y como ciudadanos, básicamente, es:

Transparencia.

Auditoría y responsabilidad de las plataformas.

Alfabetización digital ciudadana.

Protección a las minorías.

Argentina fue un país que estuvo siempre a la vanguardia de la defensa de los DD. HH., con lo cual debemos meternos de lleno en esta nueva etapa, que va a ser decisoria para sostener a nuestra democracia, y empezar a abordarla con seguridad y responsabilidad.

La responsabilidad es del Estado.

Si no lo hace la Nación, pues deberemos las provincias proteger nuestros derechos legalmente.

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Sistemas electorales e IA

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La Inteligencia Artificial (IA) es, sin lugar a dudas, el motor visible de nuestra vida cotidiana.

Desde los asistentes virtuales que organizan nuestras mañanas hasta los complejos algoritmos capaces de diagnosticar enfermedades con precisión milimétrica, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Mucho más rápido de lo que imaginamos.

Sin embargo, ese desarrollo técnico acelerado expone una grieta profunda: la velocidad de la innovación corre el riesgo de dejar atrás nuestra propia humanidad.

Un algoritmo puede calcular la probabilidad de reincidencia de una persona detenida o decidir la aprobación de un crédito bancario, pero carece de la capacidad para evaluar la redención, el arrepentimiento o la desesperación de un ser humano.

Humanizar la IA significa, en primer lugar, diseñar tecnologías que actúen como amplificadoras de nuestras virtudes y no como sustitutas de nuestros vínculos.

Esto implica que los equipos de desarrollo no estén integrados únicamente por ingenieros en sistemas, sino que incorporen de manera activa a filósofos, psicólogos, artistas y sociólogos. Esa es la denominada gobernanza tecnológica con perspectiva humana, un enfoque que comienza a consolidarse en ámbitos académicos y en algunos espacios gubernamentales.

La reciente aproximación entre el Gobierno argentino y el magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de la controvertida empresa de análisis de datos Palantir Technologies, encendió el debate sobre el futuro del sistema democrático.

Ante la proximidad de los próximos comicios legislativos y presidenciales, la posibilidad de que sistemas avanzados de Inteligencia Artificial intervengan en el diseño de estrategias y en la gestión de datos públicos plantea un interrogante ético de enorme relevancia. La tecnología promete una capacidad analítica sin precedentes, pero también expone un riesgo sistémico: transformar al ciudadano y al votante en un simple vector numérico, susceptible de ser segmentado y condicionado a partir de sus “likes”, visualizaciones o interacciones en las redes sociales.

Frente a una corriente de desregulación tecnológica extrema que busca consolidar mercados con una mínima intervención estatal, la humanización de la IA exige establecer límites éticos al determinismo de las máquinas.

Humanizar la tecnología aplicada a la política significa garantizar, con absoluta transparencia, que las herramientas de análisis masivo de datos respeten el derecho a la privacidad y las garantías constitucionales. Las plataformas algorítmicas no poseen empatía, sentido común ni una noción del bien común: procesan patrones de información, pero no comprenden las realidades sociales, económicas ni el sufrimiento de una comunidad.

Por ello, el desarrollo tecnológico debe estar acompañado por comités multidisciplinarios y marcos regulatorios capaces de devolver a las personas el control efectivo sobre sus datos y sus decisiones.

En este nuevo escenario, la necesidad de humanizar los algoritmos deja de ser una discusión exclusivamente filosófica para convertirse en una verdadera urgencia democrática.

La pregunta ya no es tecnológica, sino política: ¿las urnas seguirán representando la expresión soberana de una sociedad o terminarán reflejando el resultado predecible de un experimento de optimización informática?

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La Masacre de Oberá: “Memoria para no olvidar”

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Este hecho fue durante mucho tiempo silenciado, olvidado hasta que se pudo reconstruir parte de la verdadera historia gracias a los descendientes de las victimas.

Eran trabajadores tabacaleros  explotados ,que se reunieron para mejorar el precio de sus chacras y de sus producciones pidiendo los permisos correspondientes a las autoridades

Los colonos que participaron de la manifestación provenían de las zonas cercanas de Zamambaya, Los Helechos, Ameghino, Guaraní y Campo Viera.

Si bien la yerba era ya importante, la actividad tabacalera Misiones competía en producción con Corrientes y Salta.

La versión oficial relataba que los inmigrantes chacareros algunos de origen rusos, fueron tildados de “comunistas”que querían hacer una insurrección política para justificar la masacre de tantas familias.

Los reclamos eran simplemente un precio justo por el tabaco.

Las familias estaban en estado desesperado ante las políticas publicas nacionales que en connivencia con las Empresas tabacaleras que compraban el tabaco a precios irrisorios. Nobleza y 43 que controlaban el mercado y determinaban los precios de miseria a los trabajadores, una real coerción económica.

El gobierno Nacional dio la orden de reprimir a “los comunistas” y la policía local y mercenarios bajo las ordenes del Comisario Berón  fueron los responsables de atacar a los campesinos, polacos, rusos y ucranianos , en su mayoría.

El primero en escribir sobre el hecho fue escritor Alfredo Varela en 1941. En este texto, Varela alude a los testimonios que toma de aquellos que habían participado en la protesta

“Hombres, mujeres, niños, a pie, a caballo, en los ´carros polacos´, en sulkys; ucranianos y suecos, blancos-rusos y argentinos y paraguayos.

Los sobrevivientes fueron acorralados y presos, perseguidos por los montes y baleados, violadas las mujeres, las rusitas y polacas de rubias trenzas, las niñas no florecidas aún.

Después fueron asaltadas las chacras, saqueadas, robados los animales o dispersos por el monte. Fueron las palizas en la comisaría, el terror”, recuenta Varela en su libro.

El libro de la historiadora Silvia Waskiewicz La Masacre de Oberá, 1936 es  sin duda la indagación más completa que se haya hecho sobre la represión que sufrieran los colonos que en aquel momento reclamaban mejores precios para sus productos.

Como lo explicaen su libro, colonos reclamaban un único precio de seis pesos por arroba de tabaco, la distribución equitativa y mensura de las tierras, y la anulación del impuesto sobre las nuevas plantaciones de yerba.

Misiones en ese entonces era territorio Nacional y el delegado del gobierno era Carlos Acuña, quien había sido designado en el cargo por José Felix Uriburu.

Descendientes de aquellas familias cuyos cuerpos fueron enterrados en el monte y desaparecidas sus chacras merecen nuestro reconocimiento y recuerdo permanente.

Desde 2010, por ley provicial cada 15 de marzo se conmemora el Día de la reivindicación de las luchas agrarias en Misiones.

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La ley Banelco: memoria para no olvidar

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El escándalo de coimas en el Senado fue un caso de corrupción que comenzó en abril del 2000, en medio de la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Flexibilización Laboral, que finalmente llevó a la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez al Senado y luego del presidente De la Rúa en diciembre de 2001.

Corría el mes de abril de 2000 y, entre tanta opulencia (prestada) afuera, el clima social y de descontento se hacía cada vez más denso y hostil.

En esos despachos adornados con obras de la pinacoteca de la colección exclusiva del Senado y la boiserie francesa lustrada hasta el último detalle por los mejores ebanistas, las reuniones no cesaban.

En la Casa Rosada, los grupos económicos y el FMI exigían al presidente De la Rúa la “flexibilización de las leyes laborales”.

La desesperación económica de la sociedad explotaba en las calles. Era un genuino enojo popular. Enojo válido.

Veníamos del país de los 90: una falsa convertibilidad, un Estado aniquilador, ausente, destruido, y una supuesta emergencia del Estado que nos había desguazado y vaciado absolutamente.

Las privatizaciones habían dejado cuantiosas ganancias, obviamente no para la sociedad sino para unos pocos.

La conocida “Ley Banelco” fue fruto de operaciones desesperadas para cumplir con el FMI, que casi siempre pide lo mismo: ajuste a los trabajadores y viejas recetas liberales que, en conjunto, apuntaban a recortar derechos laborales y restar capacidad negociadora a los asalariados.

En el mes de abril se aprobó el proyecto: tuvo media sanción en la Cámara de Diputados con la oposición del peronismo.

En el Senado la relación de fuerzas se invertía. Algunos senadores rápidamente le hicieron saber a De la Rúa que no tenían la menor prisa por sacar la ley.

El peronismo había negociado la aprobación de dos leyes —el Presupuesto y el paquete fiscal— así como también la presidencia provisional del Senado. No iban a ceder más y había que negociar ley por ley, punto por punto.

La Comisión de Legislación Laboral la presidía el peronista Alberto Tell (Jujuy).

Las versiones de asignaciones, promesas, dineros y sobornos sobrevolaban y se sentían cada vez más voces y susurros por esos pasillos que mencioné anteriormente.

El jefe del bloque del PJ era el entrerriano Augusto Alasino.

El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, viendo que eran minoría en el Senado, le dijo a Moyano luego de una reunión: “Para los senadores tengo la Banelco”. Frase que perdura hasta el día de hoy en la memoria de los argentinos. El presidente De la Rúa no anduvo con vueltas para respaldar a Flamarique.

El soborno como arma de negociación parecía ser la única vía que encontraba el gobierno para la aprobación de la norma.

Los pasillos del Senado, sobre todo el Salón Gris, eran un ir y venir de legisladores, gobernadores, sindicalistas y asesores, hasta que Antonio Cafiero, entonces senador por la provincia de Buenos Aires, manifestó que tenía “la certeza de que había sobornos”. Institucionalmente, una declaración muy importante, ya que un senador de la Nación exponía así a sus pares y al gobierno de De la Rúa.

Iba a ser una sesión más que caliente, y así fue. El ministro Flamarique se presentó al Senado y desafió públicamente a los senadores. La sesión fue presidida por el radical José Genoud y, a su lado, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto (quien luego, ante la Justicia, reconoció como arrepentido la existencia de los sobornos).

La ley fue aprobada y De la Rúa siguió negando la existencia del soborno a los senadores.

Al poco tiempo, Flamarique se fue del Ministerio de Trabajo y lo reemplazó Patricia Bullrich.

Nueve meses más tarde, De la Rúa se fue en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una brutal represión al pueblo.

La causa pasó entonces al juez Daniel Rafecas, quien en 2007 procesó a Pontaquarto, al presidente Fernando de la Rúa, al secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, al ministro Flamarique y a los senadores Alberto Tell (Jujuy), Remo Costanzo (Río Negro), Ricardo Branda (Formosa) y Augusto Alasino (Entre Ríos).

El expresidente provisional del Senado, el mendocino Genoud, terminó suicidándose.

Responsabilidad institucional y democrática es, sin dudas, la que debe regir por estos días. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

En el año 2012 fue derogada la llamada Ley Banelco.

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