Aprobaron proyecto que garantice la promoción, acreditación y certificación de egresados con discapacidad en el nivel Superior No Universitario

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A raíz de una iniciativa de la diputada Anita Minder, el jueves último, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para que el Consejo general de Educación,  instrumente los mecanismos que garanticen la promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad y el reconocimiento de los Proyectos Pedagógicos para la Inclusión (PPI) en el nivel Superior No Universitario (terciario).

“El acceso universal a la educación en todos los niveles es un derecho de todos y una obligación del Estado que está garantizado por las leyes nacionales y provinciales. Para su implementación, el Consejo Federal de Educación por Resolución 311  en el año 2016 aprobó los lineamientos  de los Proyectos Pedagógicos para la Inclusión (PPI) en la Educación Obligatoria (Inicial, Primaria, y Secundaria  o Media).  Sin embargo, la mencionada Resolución,  refiere exclusivamente a la Educación Obligatoria, dejando un vacío en la instrumentación de la Educación Superior No Universitaria (terciaria)”, señaló la legisladora.

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta  de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de oportunidades y condiciones con las demás.  Por lo que el acompañamiento  de la trayectoria educativa de los/as estudiantes con discapacidad implica tomar decisiones con respecto a las estrategias de enseñanza como también evaluar, acreditar, promover y certificar los aprendizajes, teniendo en cuenta el paradigma de la inclusión.

Tras el dictamen favorable al Proyecto en  la comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud hace un par de  semanas atrás, la diputada aseguró que se busca “garantizar la inclusión de la personas con discapacidades en la Educación Superior y su posterior integración al mundo del trabajo, y  dar respuesta a la demanda de las instituciones educativas para la implementación y reconocimiento de los Proyectos Pedagógicos para la Inclusión, con las adecuaciones necesarias para cada caso.”

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