El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la creación del Parque Provincial Iguazú es una muestra más de la batalla de fondo que se libra entre el país central y la autonomía de las provincias. Más allá de los tiempos electorales, el fallo es una poderosa señal de que los intereses del centralismo siguen tan vigentes como hace 200 años.

La Corte, acostumbrada al juego de la política, advierte que cuando están en juego los intereses de la “Nación” –así, en abstracto-, se puede encontrar una manera de contradecir los reclamos de las provincias, a las que se les desconoce su preexistencia. Para la Corte y la procuradora Gils Carbó, el Parque Nacional Iguazú originalmente “perteneció” al Estado nacional que “lo retuvo” y no lo traspasó a Misiones al momento de “su creación” en 1953. De este modo, los cortesanos sostienen que “no hay contradicción alguna” con el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, que le reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

Misiones, con una ley aprobada por unanimidad en 2008, pretendía crear un parque mucho más extenso que el corazón mismo de las Cataratas, que incluía el lecho del río Iguazú hasta la localidad de Andresito, aguas arriba de los saltos. Nadie custodia el ecosistema en esa parte del río. Haciendo un parangón con lo que sucede con las Islas Malvinas en cuanto a territorialidad, el mandatario el gobernador Hugo Passalacqua puso énfasis en que “las Cataratas son nuestras, las aguas son nuestras y no hay Corte ni  ley que pueda arrancar una geografía de otra”.

En su justificación, los cortesanos citan una frase de Juan Bautista Alberdi, quien expresaba que “sobre los objetos declarados del dominio del gobierno federal, su acción debe ser ilimitada, o más bien, no debe reconocer otros límites que la Constitución y  la necesidad de los medios convenientes para hacer efectiva la  constitución. Como poder nacional, sus resoluciones deben tener supremacía sobre los actos de  gobierno provincial, y su acción en los objetos de su jurisdicción no debe tener obstáculo ni resistencia”, por cuanto “de otro modo, su poder no  será general sino en el nombre”. Con el mismo criterio, si la Provincia decidiera oponerse a la construcción de una nueva represa sobre los ríos que circundan a Misiones, la Nación podría imponer su “supremacía”.

Si es por citar a Alberdi, el jurista no creía en el derecho como una colección de leyes, sino como un fenómeno vivo. Para la Corte, en cambio, nada ha cambiado en 200 años.

Alberdi sentó las bases para la redacción de la Constitución nacional de 1853, que sirvió para poner fin a los enconos internos por la apropiación de la renta del puerto de Buenos Aires.

Siglo y medio después, la renta de Buenos Aires sigue siendo el principal escollo para un verdadero federalismo. La mirada etnocéntrica de la Corte permite visualizar qué posición podría tomar en medio de la pulseada entre María Eugenia Vidal y los gobernadores del “interior” que ven peligrar los recursos que reciben. Vidal, con el guiño del presidente Mauricio Macri, quiere aumentar el Fondo del Conurbano Bonaerense, a costa del dinero que reciben las provincias a través de la coparticipación del Impuesto a las Ganancias. La gobernadora quiere volver al diseño original del fondo, creado durante el menemismo, que establecía una porción del diez por ciento de la recaudación de Ganancias para Buenos Aires. Fueron las Provincias las que después le pusieron un tope de 650 millones a ese fondo. Sacarle el techo implicaría un drenaje de dinero hacia Buenos Aires en desmedro de las provincias. El descalabro financiero sería enorme.

En alerta, los jefes provinciales reeditaron la “liga de gobernadores”, un equipo que cobra fuerza cada vez que hay un desbalance con el poder central. El resultado de las elecciones primarias, aún con algunos mandatarios heridos, no ha resquebrajado el bloque que entre miércoles o jueves volverá a reunirse en Buenos Aires para diagramar respuestas política y jurídicas al embate porteño: por la vía política, pretenden que el Congreso reforme el sistema de reparto y se incluya la recaudación del impuesto al Cheque y aumentar el Fondo de la Soja. En la jurídica, buscarán que la Corte, si falla a favor de Vidal, también ordene el cese de otros descuentos a las provincias.

Hugo Passalacqua, uno de los pocos gobernadores que salió airoso de las elecciones primarias, defiende a rajatabla la mirada misionerista. En el mensaje del Presupuesto 2018 elevado a la Legislatura provincial para su análisis, el mandatario ratifica la defensa del modelo fiscal que sostiene la Provincia ante un descenso de la actividad económica en el país que provocó una fuerte caída en la coparticipación durante 2016 y lo que va de 2017.

Lejos de amilanarse ante la ola amarilla, Passalacqua marca territorio con una firme sutileza.  Ante los ministros de Trabajo de todas las provincias y los enviados de la Nación, contradijo la intención del presidente Mauricio Macri de avanzar en una reforma laboral que cercene derechos de los trabajadores.

Amante de la historia, Passalacqua usó el relato de un testigo de las épocas del mensú para trazar un paralelo con las conquistas laborales conseguidas en el último siglo. “Falta mucho todavía”, advirtió. Es decir, más y no menos derechos. En esa línea, anunció la inclusión de una partida específica en el Presupuesto para luchar contra el trabajo infantil, un flagelo que todavía se extiende en las chacras misioneras.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno central apunta a una nueva flexibilidad laboral que sea atractiva para los inversores. El Brasil del golpista Michel Temer picó en punta con una furiosa reforma laboral que es apenas la punta del iceberg del regreso del neoliberalismo en el “hermano mayor”. Temer anunció la privatización de Eletrobras y el remate de 14 aeropuertos -incluido el de Congonhas, en Sao Paulo, el segundo del país en número de pasajeros-, 11 bloques de líneas de transmisión eléctricas, 15 terminales portuarios, autopistas y empresas públicas, como la Casa de Moneda, Compañías Portuarias de Espírito Santo, Casemg y CeasaMinas. También en el sector aéreo, el gobierno pretende vender la participación accionarial del 49 % de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en los aeropuertos de Guarulhos (Sao Paulo), Confins (Belo Horizonte), Brasilia y Galeao (Río de Janeiro). El objetivo es (cualquier parecido con los 90 es pura coincidencia) “garantizar la calidad del servicio”. También juran que se creará empleo y renta, además de inyectar 14 mil millones de dólares a las flacas arcas brasileñas.

Si bien es cierto que Macri no encaró una reforma similar pese a que se compara su gobierno con la década de los 90, el nuevo escenario latinoamericano permite vislumbrar paralelismos. La reforma laboral y los pactos fiscales impulsados por la administración Macri se emparentan con el déficit cero y los ajustes del menemismo que se extendieron hasta 2001 con la Alianza. La tapa del diario Clarín apenas unos días después de la asunción de Carlos Menem, es paradigmática: “Se podrá pagar la luz y el gas en dos cuotas”, era el título principal, acompañada por una foto del radical recientemente fallecido Eduardo Angeloz, respaldando el plan económico del riojano. Era la época de la hiperinflación. Ahora el ministro de Energía, Juan José Aranguren anunció que las facturas se podrán pagar hasta en cuatro cuotas para evitar el impacto inflacionario y antes de un nuevo tarifazo.

Envalentonado por un resultado electoral que dejó la sensación de no serle adverso, el Gobierno parece decidido en avanzar en las reformas que espera el poder económico. Quizás no con la profundidad de Brasil, pero todo indica que después de las elecciones, las reformas se pondrán en marcha. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne ya anticipó que el proyecto de ley de reforma fiscal ingresará al Congreso antes de fin de año. Quizás sea “light”. Las provincias lograron imponer algunas condiciones al avasallamiento nacional. Los puntos consensuados implican que el gasto corriente de las jurisdicciones no pueda crecer más que la inflación del período y que la dotación de personal no pueda crecer por encima del crecimiento poblacional. Adicionalmente, aquellas provincias deficitarias o con alto endeudamiento también deberán controlar el crecimiento del total del gasto.

El proyecto además establece la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales, que podrán ser constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes de períodos anteriores; y la incorporación de pautas de fin de mandato, cuyo objetivo es restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.

Misiones cumple sobradamente con la normativa y no aceptó una injerencia en la política fiscal. El único compromiso es no aumentar los impuestos.

Passalacqua ratifica que el modelo misionerista se asienta en la política fiscal que encaró la Renovación desde 2003. En el modelo, la prioridad son las políticas de inclusión social. Sin recursos, la inversión educativa, en desarrollo social y salud, serían impracticables.

Esas políticas se ponen en juego en las elecciones de octubre. El efecto PASO dio paso a la reflexión. Más allá del resultado, los partidos saben que en octubre se juega otro partido.

Los perdidosos en las primarias tienen tiempo para revertir algunos escenarios. En el ámbito nacional Cambiemos se siente “ganador” pese a que en la práctica, los números no reflejan una victoria y mucho menos holgura. Más allá de Buenos Aires, donde todavía siguen contando votos pero se descuenta un triunfo de Cristina Fernández, el oficialismo saca menos votos que la oposición sumada y pierde un enorme caudal de votos en comparación con 2015. Sin embargo, con la ayuda del poder mediático, quedó flotando la idea de que la alianza amarilla se impuso con comodidad.   

Misiones es una de las provincias donde Cambiemos tuvo un gran crecimiento. Pero en la provincia se impuso la Renovación con una distancia considerable. Pero para el oficialismo misionero, el resultado adverso en Posadas encendió la alarma. El resultado de las Paso generó un cosquilleo interno. Se despertó una efervescencia necesaria. Jóvenes y veteranos parecen haber captado el mensaje de las urnas. La comodidad no va de la mano con el triunfo.

Quedan casi 60 días para las elecciones definitivas. La Renovación comenzó a calentar los motores con la movilización de candidatos y aspirantes a serlo. Habrá empresarios y muchos jóvenes en las listas de diputados y concejales.

Cambiemos tiene el entusiasmo de retener votos en Posadas y crecer en el interior. En la capital tendrá por lo menos cinco sublemas para pelear el voto.

Cacho Bárbaro, el tercero en discordia busca potenciar su crecimiento y hay algunos dirigentes de otros partidos que sondean la posibilidad de sumarse. Avancemos está en crisis: con varias bancas de diputados y concejales en Posadas, fue el fiasco de los comicios y la cohesión que habían mostrado inicialmente, parece haberse resquebrajado. Claudio Wipplinger aseguró que sería un “suicidio” competir en las elecciones. Este sábado estuvo a los abrazos con Isaac Lenguaza, quien encabezará la lista de diputados del partido Agrario.

Con las hormonas políticas a full, los juveniles de Podemos también diagraman su estrategia para octubre. Quedaron a cinco mil votos de pelear una banca en la Provincia, un resultado que frenó cualquier posibilidad de bajar candidaturas o acompañar a otro espacio. De hecho, sorprendió con el “robo” de una candidata a concejal. Emilse Zapponi, quien fue presidenta de la Juventud del Pro se sumó al partido de Facundo Sartori, como cabeza de lista para el Concejo posadeño. También, haciendo honor a los “empleos del futuro” que imagina el candidato a senador Esteban Bullrich, un piloto de drone de 18 años será aspirante a concejal en Puerto Rico.

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