COLUMNISTAS, POLITICA

Una foto, una lucha

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Foto gentileza Natalia Guerrero Zabrodiec
Foto gentileza Natalia Guerrero Zabrodiec

La foto que ilustra esta nota es simbólica. Es el choque de realidades. La chacra y sus penas. La custodia, abrumadora, en el edificio que debería ser la casa de los yerbateros. De puertas abiertas. Sin trabas, burocracias ni dilaciones. La foto representa el fracaso del organismo regulador para proteger a los sectores más vulnerables de la cadena productiva. No los cuida. Les pone una barrera policial.

El reclamo de un precio justo para la yerba mate no es nuevo. Misiones ya mucha historia sobre las luchas agrarias que se cobraron vidas o cambiaron el escenario político del momento. Los productores saben del ninguneo y la invisibilidad. Pero como nunca, ahora son despreciados en su propia casa. La que fue creada para darle soluciones.

Donde sus directivos se refugian en una desgastante burocracia y piden garantías de “seguridad”. El yerbatero pasó a ser un otro. Del que hay que protegerse. El director del INYM, el radical Alberto Ré pidió primero custodia policial y después, al juez Ricardo Skanata, que ordenara desalojar el edificio rodeado por productores.

Con buen tino, el Gobierno provincial puso paños fríos a una situación que estaba en ebullición.

Pero el directorio del INYM se niega a recibir a los productores si sigue la toma. Básicamente, no tiene nada nuevo para ofrecer. El salvavidas prometido por la Nación de un fondo de 1.500 millones para financiar la cosecha, se fue como el humo del mate. El Momo Venegas, amigo personal del embajador yerbatero Ramón Puerta, y el radical Ricardo Negri les habían dicho que el propio Mauricio Macri decidió poner esos recursos. Una semana después, la mentira quedó al descubierto.

Y el INYM se quedó sin respuestas para salir del paso. Las medidas de fondo, que no se tomaron antes, si se tomaran, demorarían un tiempo en ser efectivas. El juego de la dilación es adecuado para el momento, a la espera de una solución que llegue del Gobierno nacional o, en última instancia, un esfuerzo extra del Gobierno provincial, que siempre sale al cruce para contener la problemática social, pero no tiene el poder suficiente para aplicar los cambios que considera pertinentes.

El INYM es un organismo nacional porque también alcanza a Corrientes, donde la realidad es distinta. En Corrientes la yerba está en pocas manos con grandes plantaciones y los tareferos son un puñado irrelevante en el tejido social.  Las crisis sociales se padecen únicamente en Misiones, donde la producción es minifundista, y los costos son asumidos por el Gobierno provincial.

El problema, ya dicho, no es solo de precios, sino de desequilibrios y falta de controles con los que se benefician algunos de los grandes operadores del mercado –y generan una competencia desleal con quienes pagan el precio acordado-. El INYM tiene las herramientas institucionales para corregir esos márgenes, pero la lentitud inclina la balanza para el lado de los más poderosos. Los problemas se hacen más visibles en épocas de sobreoferta o crisis económica, dos circunstancias que se conjugan en el momento del país, tomador de mate por excelencia, pero donde, por la inflación y pérdida de empleo, se registró una caída del consumo de casi cinco por ciento durante el año pasado.

Desde hace tiempo los productores vienen alertando de estos desequilibrios. Pero cuando los precios alcanzan para llenar la olla, las voces se silencian.

En paralelo, el Gobierno provincial también viene trabajando en diferentes variantes que lleven transparencia y control desde el Estado para garantizar que el precio oficial llegue a manos de los yerbateros. Pero siempre aparecen trabas, desde el mismo organismo que ahora está tomado por los productores.

La hoja verde se paga menos y con cheques hasta a 300 días, en condiciones que ninguna empresa seria aceptaría para sus propios pagos. En la ley del mercado, el más fuerte siempre gana. Y cada uno elige de qué lado estar.

El Gobierno nacional no parece tener dimensión del problema ni de la premura necesaria. La oferta de recursos para financiar la cosecha beneficia con dinero en mano a los productores, pero no soluciona el problema de fondo que es el incumplimiento de precios. En última instancia, cubrirá las espaldas de los que incumplen con la ley. El radicalismo, socio menor de la alianza gobernante, que como oposición en Misiones fogonea cualquier conflicto, ahora defiende con uñas y dientes a la administración de Macri y exculpa a los sectores industriales de la crisis. ¿Llamativo? No. El radicalismo misionero siempre estuvo en sintonía con el pensamiento de don Adolfo Navajas Artaza, el patriarca de Las Marías, que también asesora al gobierno de Macri a través de la fundación Pensar.

Sí resulta sorprendente que en medio de la efervescencia de los productores que reclaman la cabeza del INYM, los diputados radicales decidan pararse en la vereda opuesta. A pocos días de que un laudo defina el precio de la hoja verde, apostaron a tirarlo para abajo. “Es ilusorio” pensar en elevar el precio de la yerba a 50 centavos de dólar, expresaron en un documento oficial, desdeñando las esperanzas de los productores, pero también una postura pública del Gobierno provincial, que debería ser asumida como propia, en defensa de los intereses misioneros y ya no de un partido. Si la materia prima valiera 50 centavos de dólar, la economía provincial, a través de los productores, recibiría una inyección de dos mil millones de pesos.

Pero los radicales prefieren defender sus cotos. “Como en todas las producciones agropecuarias, los grandes ganadores son los intermediarios y comercializadores, que adoptan políticas que empujan a la cadena productiva a no obtener la justa retribución por su aporte en la elaboración del producto”, acusan. Ni una sola mención a los industriales, a quienes defienden porque no tienen, desde el INYM un valor de referencia a salida de molino, que permitiría “cumplir con el precio de los demás eslabones de la cadena de la yerba, dándole a cada sector una justa retribución, dado que sin su intervención, no existiría el producto”. Es decir, se puede perdonar que algunos incumplan con los precios, ya que sin ellos, “no existiría el producto”. Dos liberados de culpa. El sector industrial y el Estado nacional. Ni el PRO se anima a tanto.

Es esquizofrénico el desprecio del radicalismo a la intervención del Estado la regulación del mercado yerbatero. La última vez que fue Gobierno, en 1986, Ricardo Barrios Arrechea impulsó la estatización de toda la cadena para promover un mayor consumo y acudir en socorro de pequeños molineros que no podían competir en el mercado por falta de capacidad empresaria y financiación. Con la Ñande Yerba el Estado se había convertido en comprador, contratista, adjudicador, publicitario y vendedor de yerba mate.

Por entonces, los molineros denunciaban que con dinero del Estado, se generaba una competencia desleal. Después, la desregulación total impulsada por Ramón Puerta embanderado con el neoliberalismo de Carlos Menem y Domingo Cavallo, volvió a dejar en bancarrota a los productores y produjo una enorme concentración de la producción y también de la tierra. Los dos extremos son malos. A fines de 2000, cuando el primer tractorazo comenzaba a germinar, la crisis era inmensa. Ya entonces se pensaba en poner cupos a la producción para bajar la oferta de materia prima y mejorar los precios. Coincidían molineros, yerbateros, Gobierno y oposición. Productores y molineros reclamaban una intervención urgente del Estado.

El Gobierno misionero actual prefiere hablar de mercado con regulaciones. Regular para beneficiar a los eslabones más débiles, sin dejar de atender las necesidades de las cadenas intermedias. Fijar el precio en 50 centavos de dólar –un valor que ya rigió hace unos pocos años, aunque con una cotización más barata- beneficiaría a la producción primaria pero también mejoraría la renta de la industria con precios más elevados en góndola.

No es casual que los productores acepten como interlocutor al ministro del Agro, José Luis Garay. Es el Gobierno provincial el que está haciendo los mayores esfuerzos por salir de la crisis coyuntural ante las evidentes dilaciones del INYM. El viernes Garay convocó a una reunión en la AFIP con productores y la Dirección General de Rentas para coordinar mejores y más controles. El organismo yerbatero estuvo ausente y es el que está demorando una herramienta clave: el registro de productores. La directora regional de Afip,  María Alejandra Dahlgren Santalucia, el subdirector de Fiscalizaciones, Rogelio Canteros y el de Jurídica y Técnica, Luciano Vernetti, coincidieron en que sin eso, poco se puede hacer. El INYM quiere seis meses más para terminarlo.

El Gobierno provincial confía en que si el INYM asume el compromiso de fortalecer los controles, la protesta se levantaría en las próximas horas. Sin embargo, dudan sobre el juego de desgaste que puede estar haciendo la conducción del organismo, el mismo al que apela la Nación ante cada conflicto, como el de los docentes o los reclamos sindicales.

“Acá no hay dudas de que Rosamonte, La Cachuera y las principales cooperativas misioneras, cumplen con los precios, aunque pueden variar en la forma de pago. Y están comprometidos con la producción misionera. Pero ellos mismos están sometidos a una competencia desleal desde Corrientes y Molinos, que manejan buena parte del mercado”, señalaron voceros oficiales.

Mientras el Gobierno se esfuerza por descomprimir el conflicto yerbatero, atiende otros frentes. Misiones es una de las pocas provincias que tiene las aulas abiertas, con acuerdos salariales cerrados, lo mismo que con los sindicatos que contienen a otros empleados del Estado. En momentos de crisis, como la que padece hoy el país, el Estado misionero asume un rol central para mitigar los daños. A contramano del Gobierno nacional que provocó una brutal caída del consumo con tarifazos, salarios a la baja y “sinceramiento de precios” financiados, en Misiones el Gobierno volvió a acordar con bancos y comercios la extensión por seis meses del Ahora Misiones, para poder comprar con tarjetas de crédito en cuotas y con descuentos.

El tarifazo eléctrico nacional no podrá ser eludido en Misiones. En las próximas horas se conocerán los detalles de los aumentos, pero no serán menores al 50 por ciento para los usuarios residenciales. El Gobernador decidió que los sectores industriales y que tengan incidencia directa en el empleo, tendrán algunas rebajas a través de subsidios. “Pero más no se puede. Las tarifas que debe pagar la Provincia aumentan cien por ciento”, indicó un ministro encargado de mitigar el impacto. “El mandato de Passalacqua es proteger el empleo, lo mismo que cuidar a los productores y tareferos”, definió.

Del otro lado, la oposición comienza a calentar motores para las elecciones. Sabe que una derrota en las legislativas dañaría sensiblemente sus posibilidades de retener el poder nacional. Cambiemos asume que está en zona de riesgo y se victimiza. Pone a Cristina Fernández como la ideóloga de cuanta movilización hay en el país y agita fantasmas de desestabilización. Es permanente la apelación a la “gobernabilidad” en riesgo, cuando en la práctica, los partidos enrolados en la oposición, hasta ahora han cumplido hasta en exceso votando cada una de las leyes pedidas por el Ejecutivo, incluso aquellas que consideran nocivas para el país, como el pago a los Fondos Buitre. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, llegó a sugerir que “lo más efectivo sería evitar las elecciones de medio término”.

Los problemas de gobernabilidad, entonces, no surgen de la oposición, sino de las propias acciones emanadas del Gobierno. Cada decisión tomada terminó perjudicando el poder adquisitivo o generó pérdida de empleo, mientras que en paralelo se produjo una enorme transferencia de recursos a los sectores más concentrados.

No está claro cómo llegará la alianza gobernante a las elecciones. Macri pidió que haya consenso en las provincias para ir con lista única. Pero en Misiones, ya comienzan a verse las primeras diferencias. Ayer el PRO arengó a su tropa con un acto encabezado por Humberto Schiavoni –presidente del partido- en el que se pidió a los dirigentes poner el máximo empeño en lograr un buen resultado en las legislativas. Los ejes comunicacionales son “cercanía, positivismo y futuro”.

Aunque no fue formalizado, ya ven al director de Yacyretá como candidato a senador. Otros dicen que su hermano Alfredo encabezará la lista. Pero de ellos dos no sale. A la hora de los discursos, Alfredo dejó una frase llamativa: “El cambio, el verdadero cambio, llega en 2019”, disparó.

Que Schiavoni –cualquiera de los dos- encabece la lista, marca a las claras que el PRO prefiere en sus nóminas a nombres propios. Pero sus socios no piensan ceder los pocos espacios que quedan. El diputado nacional Luis Pastori ya se autopostuló para continuar en el Congreso, como diputado o quizás como senador. Gustavo González ambiciona dar el salto a la Nación y amenaza con ir a las Primarias, lo mismo que Alex Ziegler, quien incluso piensa en forzar las negociaciones. “Si no nos dan espacios, iremos por afuera”, advirtió el joven Facundo Sartori, una de las caras visibles del partido del “Colorado”.

En el PRO no creen que la sangre llegue al río. Confían en que las amenazas del radicalismo y de Ziegler sean apenas para negociar mejor algún otro cargo. El problema es que si hay derrota, habrá poco para repartir.

Lo cierto es que hoy hay malestar con el Gobierno nacional y el bolsillo planta interrogantes hasta en los más convencidos.

El presidente del banco Macro, Jorge Brito, a quien no se puede acusar de kirchnerista ni siquiera de opositor, advierte que no hay país en el mundo “que pueda crecer si no es en base a un gran mercado interno”.

El banquero advierte que el problema central es el déficit fiscal que no se ha corregido y que sólo se atenuó por efecto del blanqueo. También mostró preocupación por el endeudamiento de la Argentina que “en algún momento” volverá a ser un problema.

Ajeno a los avatares electorales, Brito sugirió un gran pacto nacional en el que todos los dirigentes políticos que tengan relevancia para que este país tenga cuatro, o cinco, o seis, no sé, puntos que no estén en discusión”. “Tenemos que sacar de agenda algunos puntos de discusión. Y no estoy hablando de un Gobierno de coalición, estoy hablando de cuatro o cinco,  puntos problemáticos centrales”. Sería todo un logro.

 

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