“No queremos tener relaciones platónicas: queremos tener relaciones carnales y abyectas”. Corría 1991 y el canciller Guido Di Tella, en un encuentro con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, buscaba demostrar el alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos. Inauguró así una década de sumisión al consenso de Washington y las políticas del republicano George Bush y el demócrata Bill Clinton.
El alineamiento era el precio a pagar por ser el “alumno aplicado” y codear a la Argentina con el “primer mundo”.
Pasada una década, la Argentina explotaba con un enorme endeudamiento, pobreza y un descalabro financiero inédito, producto de la acumulación de una deuda externa impagable.
Más sofisticado -y elegante-, el presidente Mauricio Macri inauguró, también en Estados Unidos, una nueva era de vínculos personalísimos. “No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos, hemos empezado una gran relación, y también con Christine debo confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses, y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine”, dijo, con sonrisa pícara el Presidente al recibir el premio al Ciudadano Global que se entrega todos los años en New York City a los principales hombres de negocios y políticos del establishment financiero.
El Presidente estaba a sus anchas, feliz, descontracturado. Bailó  con la vicedirectora ejecutiva del Atlantic Council, Adrienne Arscht, piropeó a Christine y reiteró la promesa de que no seremos Venezuela. No es la primera alusión romántica del Presidente a la hora de definir relaciones diplomáticas: hace unos meses, cuando Mariano Rajoy, todavía presidente español, visitó la Argentina, Macri dijo que la relación con España “es la de dos amantes que se han reencontrado”.
Christine es Christine Lagarde. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, con el que la Argentina tomó el mayor endeudamiento de la historia. No de la Argentina, sino de la del Fondo. Serán en total 57.100 millones de dólares, al mismo tiempo, más de cuatro veces más que lo que había tomado en 2001 Fernando De la Rúa antes de que escapara por la azotea.

Christine, por supuesto, como cualquier banquero, impuso condiciones. En un castellano neutro, dictó las condiciones de la política económica que deberá aplicarse de ahora en más en la Argentina. “Esto se verá respaldado por un presupuesto adecuado que sea sustentable. El mercado cambiario no tendrá intervención. Respaldo al plan económico para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del Gobierno y para proteger a los más vulnerables”, remarcó. A su lado, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, solo asentía.

“Estamos muy contentos. Es claramente nuestro programa y estamos muy contentos de que la comunidad internacional nos apoye. Lo que no tenemos que hacer es prometer” sino “seguir trabajando todos los días navegando esta situación que ha sido difícil”, celebró el ministro.
El titular de la cartera económica reconoció que “la depreciación del tipo de cambio ha generado un alza en la inflación y eso se traslada a un deterioro transitorio a los salarios. Lamentablemente los salarios van a perder contra la inflación. Esperemos que lo recuperen el año que viene”. Difícil, si se aplican los mismos medicamentos.
Después anunció una batería de medidas para “sanear” de pesos la economía: Subas de encajes a bancos y pago de intereses periódicos a los plazos fijos, entre otros cambios normativos con el objetivo de reducir la base monetaria hasta julio de 2019. La lógica es brutal: “Si no hay pesos, no hay con qué comprar dólares”. Tampoco comida. El nuevo cepo.
Pero “los mercados” siguen desconfiando. El dólar cerró la semana en alza y tocó, en Misiones, los 44 pesos, la línea en la que el Banco Central debería volver a intervenir.
Fueron horas turbulentas. El mejor equipo perdió de un portazo a Luis Caputo, otra de sus piezas fundamentales, que, ahora nos enteramos por boca del Presidente, “no tenía vocación” para ocupar el cargo. El Messi de las finanzas aumentó la deuda pública en u$s 74.000 millones (sin contar u$s 15.600 millones que emitió para pagar a fondos buitre) y como presidente del BCRA dejó las mismas reservas que al asumir, con el detalle que en el medio recibió u$s15.000 millones del FMI.
Lo reemplaza Guido Sandleris, un ¿ex? investigador del Fondo Monetario Internacional. Atendido por sus propios dueños.
En una de las pocas apariciones televisivas que tuvo cuando era el segundo de Nicolás Dujovne, Sandleris falló en todos los pronósticos: dijo que la economía iba a crecer 3,5 por ciento -caerá 2,4- y que “lo peor ya pasó” en materia de inflación. El año cerrará con una inflación superior al 40 por ciento.  
Su segunda al mando es Verónica Rappoport, quien, al margen de sus pergaminos económicos, era una conocida twittera que se burlaba, hace menos de un mes, de los cambios de ministros a las apuradas y los planes económicos decididos en un fin de semana.
A ambos los une otro detalle, como integrantes de la Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad, fueron funcionarios de la Alianza. Sandleris fue jefe de Asesores del Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, durante la gestión de José Luis Machinea. Rappoport, asesora en el Ministerio de Economía entre 1999 y 2000.
Después de semejante muestra de amor, el Gobierno espera que el respaldo del FMI sirva para capear la tormenta. Pero las encuestas marcan cada día una caída en la imagen presidencial y una desconfianza generalizada en el programa de Gobierno.
Hasta ahora no hay quien capitalice ese malhumor, pero asoman movimientos que permiten vislumbrar escenarios repartidos. Juan Manuel Urutubey, Juan Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa compusieron una foto “opositora”. El cuarteto quiero ser la unión renovadora del peronismo.
En Misiones, donde todo comenzó, Axel Kicillof cerró la presentación de Unidad Ciudadana, un espacio de kirchneristas, radicales disidentes e independientes. “Le vamos a devolver los derechos a cada argentino”, prometió el ex ministro de Economía que se retiró en andas del club Brown de Posadas.    

El programa económico que es del agrado de Lagarde no es novedoso: frenar la emisión y secar la plaza de pesos vía tasas altas.
Chau gradualismo. Hola dramatismo. La recesión no hará más que profundizarse y el ajuste se hará más duro, si cabe el término. La economía está sometida a las metas fiscales y a, vade retro, evitar un nuevo default.
La flexibilidad con la que se estaba manejando la negociación por el presupuesto mutó en anuncios destemplados de fin de la tarifa social para la energía eléctrica y el gas y desaparición inmediata de subsidios para el transporte público.  
Serán las provincias las que deberán asumir los costos si quieren sostener la asistencia a los sectores más vulnerables. La quita de subsidios significa para Misiones más de mil millones de pesos, sumado a la pérdida del Fondo Sojero, que se distribuía entre los municipios.  
Tanto se desvirtuó el escenario que el Presupuesto provincial, presentado en julio, deberá ser corregido antes de ser aprobado. El secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, calculó en 3.095 millones de pesos la diferencia entre lo proyectado y la nueva economía nacional. Es que los cálculos se hicieron con una promesa de inflación del 17 por ciento para 2019 y un crecimiento del PBI de 2,5 por ciento. La inflación ya fue recalculada en 23 por ciento y la economía volverá a hundirse medio punto después de una caída de 2,4 este año.
El recálculo incluye mayores ingresos -por inflación- pero también los mayores gastos que deberá cubrir la Provincia para sostener tarifa eléctrica, transporte y recursos para municipios. En total, el Presupuesto se aprobaría en poco más de 70 mil millones de pesos, con la mitad de los recursos invertidos en las áreas sociales.  
No es una novedad. Desde 2016, la Nación comenzó a drenar el flujo de recursos a las provincias. La Provincia aportó más de 400 millones en concepto del ex Artículo N°9 y continuará con 100 millones más hasta fines del 2018.
Para 2019 el presupuesto destinado al Incentivo Docente fue congelado. Cada provincia deberá hacerse cargo de los incrementos salariales. Algunas podrán más, otras menos. Algunas de primeras, otras no.
Hasta ahora, la economía misionera se viene manteniendo a salvo de la tormenta. El desempleo es el más alto en doce años en la Argentina, pero en Posadas se mantiene relativamente estable entre los más bajos del país. La pobreza volvió a dispararse, aún sin conocer las consecuencias de la devaluación iniciada en mayo.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la cantidad de personas en la pobreza pasó del 25,7% en el segundo semestre de 2017 al 27,3% en el primero de 2018. Eso significa que 800.000 personas cayeron debajo de la línea de la pobreza. Por su parte, la indigencia registró un leve aumento (del 4,8% al 4,9%).
Durante el primer semestre de 2018, se encuentran por debajo de la línea de pobreza 1.777.249 hogares, los cuales incluyen 7.581.118 personas. En ese conjunto, 344.009 hogares se encuentran, a su vez, bajo la línea de indigencia, e incluyen a 1.357.923 personas indigentes.
En Posadas, según la Encuesta Permanente de Hogares, hay 116.923 hogares, de los cuales, 24.182 están en la pobreza y 3.759 en la indigencia. Medido en personas, son 361.536 habitantes, de los cuales 102.917 son pobres y 13.064 indigentes.
En comparación con el primer semestre del año pasado, bajó la cantidad de hogares y personas en la pobreza. Pero, como en el resto del país, en Posadas también crece si se compara con el segundo semestre: había 20,5 por ciento de hogares pobres y ahora hay 20,7, mientras que hay una leve disminución de personas en esa condición, de 28,6 a 28,5.
Misiones no es inmune a la crisis, pero el rol del Estado en la economía es central. La sinergia con el sector privado es permanente, pero vale un ejemplo para tomar dimensión del impacto de las políticas públicas: el programa Ahora Misiones, lanzado hace dos años, con una anticipación asombrosa del brote inflacionario, generó ventas por 825.963.484,44 pesos. Es dinero que no se fugó por las fronteras y que permitió sostener empleo y contener la pobreza.  

El sector empresario quiere que pase rápido la tormenta. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene señaló que “es central contar con un esquema que permita a las Pymes volver a solicitar créditos, poder negociar cheques de pago diferido a tasas razonables y fundamentalmente que existan líneas para la inversión, que es lo que mueve la economía en cualquier país normal”.
“Somos conscientes que la situación está sensible y prueba de ello es que más allá del acuerdo con el FMI, el dólar cerró la semana por encima de los 41 pesos. Hay que impedir a toda costa el daño social en los sectores más vulnerables y medios porque de lo contrario se van a observar problemas en el sector de la producción y en los niveles de empleo registrado. La visión es que el gobierno nacional está dispuesto más temprano que tarde a cumplir con el plan trazado, porque de ello dependen en gran medida las economías regionales”, indicó Haene.
El rol del Estado es una premisa inamovible para el Gobierno provincial. El gobernador Hugo Passalacqua anunció la extensión del Ahora Misiones y todo indica que, en medio de la recesión generalizada, el programa seguirá por un tiempo. Lo mismo sucede con los aportes del Estado a otras áreas o la incorporación permanente de derechos en la Legislatura.
Misiones es ejemplo. El concepto del Ahora Misiones se replica en varias provincias, que también buscan frenar la inflación.  
 

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Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

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