Los ministros de Economía y Hacienda de las provincias comenzaron el operativo “desmarque” de las medidas que quiere imponer la Nación y el ajuste sobre las cuentas públicas.
En el marco de la 470° Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos realizada en Buenos Aires, con la asistencia de los representantes de las 25 jurisdicciones, las Provincias consiguieron que sea este organismo el que verifique el cumplimiento de las metas del Pacto Fiscal y no la Nación, que había amenazado con quitar beneficios a las provincias que no bajen sus impuestos.
Fue la previa de la reunión de gobernadores para analizar el rumbo económico nacional.
Por Misiones, participó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. 
Los principales temas abordados fueron el impacto del Impuesto a los Combustibles Líquidos con la Reforma Tributaria en la distribución del Fondo a los Combustibles que se destina a la Dirección Provincial de Vialidad para obras y a Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) que es recibido por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.
Si bien, en los meses de marzo y abril -primeros dos meses que comenzó el nuevo régimen que eliminó el ITC,  creando en su reemplazo el ICL (Impuesto al Combustible Líquido) y el IDC (Impuesto al Dióxido de Carbono), se produjo una caída importante en la distribución de estos fondos, se concluyó que esta situación fue temporaria producto de la transición de un régimen a otro, lo que se normalizó con la distribución de los fondos de mayo de 2018.
Esta caída en la distribución de estos fondos había generado preocupación en las jurisidicciones, que solicitaron el estudio técnico a la Comisión Federal de Impuestos para comprender los motivos de este comportamiento.
 
También se puso a consideración el análisis del coeficiente de Coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pedido de la provincia de San Juan, a raíz del aumento que tuvo aquella jurisdicción en Enero de 2016, y que este mayor coeficiente no signifique un perjuicio para el resto de las jurisdicciones en otros regímenes que toman en cuenta los coeficientes de distribución.
 
Un tercer tema de importancia, fue el análisis de los saldos sin repartir del Fondo de ATN que desde Diciembre de 2015 no se distribuyen en forma significativa y se han acumulado más de $42.000 millones, concluyendo que es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior quien tiene la facultad de su distribución y que no pueden ser derivados esos saldos al Congreso Nacional para decidir su destino.
 
Asimismo, los funcionarios provinciales evaluaron el impacto de los Pagos a Cuenta en diferentes tributos y el Control sobre los Reintegros y Devoluciones que realiza la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
 
Pero el tema de mayor relevancia, constituyó uno de los últimos puntos planteados, a raíz de una presentación de la provincia de La Pampa, por el dictado de la Resolución nro 9-E/18 de la Secretaría de Hacienda de la Nación, por la cual esa Secretaría dispuso una serie de controles de cumplimiento por parte de las provincias de las obligaciones del Consenso Fiscal.
El planteo de las provincias es que, siendo el consenso fiscal un acuerdo entre la Nación y las Provincias, no puede ser un organismo de la Nación (la secretaría de Hacienda) la que actúe de árbitro y dictamine sobre el cumplimiento o no del Consenso. 
 
Esto motivó la presentación de la provincia de La Pampa, que derivó en el Dictamen 01/2018 del 9 de marzo de 2018 de la asesoría Jurídica que fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos por la cual ese organismo se declaró competente en el control de cumplimiento del Consenso Fiscal conforme las normas constitucionales y la Ley 23.548.
 

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