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Presupuesto 2019: Expusieron Tribunal Electoral y Derechos Humanos

Presupuesto 2019: Expusieron Tribunal Electoral y Derechos Humanos
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El Tribunal Electoral recibiría el próximo año 134.724.000 pesos, que representarán un incremento del 115,06% respecto del año actual, teniendo en cuenta que se tratará de un año electoral. El Ministerio de Derechos Humanos tendría una estimación de recursos de 94.156.000 pesos, que corresponden a un aumento del 19.66% respecto al presupuesto en ejecución. Y el presupuesto para la Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado “Multimedios” sería de 179.000.000 pesos.

El presidente del Tribunal Electoral, Rubén Uset, recordó que “en el año 2019 hay elecciones generales en las que se renuevan autoridades, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, tanto a nivel provincial como municipal”.

En ese contexto, dijo que “los fondos corresponden a gastos operativos, para llevar a cabo el control y la fiscalización de las elecciones, en las tareas que siempre se hicieron”, que tienen que ver con la preparación del “cronograma electoral”.

Advirtió que “los valores tienen que ver con la economía que se desarrolla a nivel nacional, de forma tal que en ese sentido se aprecian los vaivenes donde las valoraciones de los insumos y productos van variando”.

Y destacó la “colaboración del Poder Ejecutivo, que nos tiene que otorgar los fondos necesarios para llevar adelante la tarea”.

Derechos Humanos

Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, señaló que la clasificación que implica el presupuesto es algo complejo, porque el organismo tiene “una mirada transversal”.

“A veces, uno piensa que el Ministerio de Derechos Humanos se dedica solo a apremios ilegales o memoria, verdad y justicia, pero hay otras cuestiones: acompañar acciones solidarias y estimular la ayuda mutua, generar organizaciones, llegar a las casas con programas de huerta”, reflexionó.

Consideró que “el punto más débil es la necesidad de la gente”, y mencionó, como ejemplos, situaciones de desalojo y falta de documentación, que hace que las personas no tengan acceso a una asignación o pensión.

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