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Política, Justicia y la pregunta de siempre ¿El fin justifica los medios?

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Usualmente se le atribuye a Nicolás Maquiavelo haber afirmado que el fin justifica los medios. Sin embargo, el autor de “El Príncipe” no lo dijo de ese modo. Lo que Maquiavelo aseveró fue, que los actos de los hombres, en particular los de los príncipes, deben ser juzgados por sus resultados, fundamentalmente cuando no hacerlo condiciona el bienestar de toda la comunidad. De este modo, los métodos inmorales, incluso los ilícitos, pueden ser tolerados, siempre y cuando sean necesarios para alcanzar el bien general.

En tiempos de Maquiavelo, y no muy distante geográficamente de él, Leonardo Da Vinci revolucionaba la pintura, la botánica y la anatomía, además de darle un nuevo sentido a la ingeniería. Asimismo Copérnico daba a conocer su teoría heliocéntrica, fundando de ese modo la astronomía moderna y Cristóbal Colón por su parte “descubría” un nuevo continente. ¿Qué tenían todos estos hombres en común? Que su atrevimiento, desafiante del orden preestablecido, fue el motor de cambio.

Por estos días en nuestro país, la palabra cliché por antonomasia es precisamente esa, “cambio”. Luego de 12 años de gobierno del mismo partido político, el eslogan utilizado por la actual coalición gobernante fue justamente “Cambiemos”, simbolizando con ello la esperanza de un porvenir mejor.

Sin embargo lo que no cambia es la pregunta acerca de los medios y el fin. Personalmente considero que justificar los medios bajo la única condición de que sean beneficiosos para la sociedad es, como mínimo, preocupante. En primer lugar, porque sería muy difícil encontrar parámetros objetivos que señalen la oportunidad, pero fundamentalmente porque implicaría una excesiva concentración de poder en manos de quien se encuentre en posición dominante.

Lo señalado hasta el momento exige una reflexión acerca de si corresponde privar de su libertad a una persona presumiblemente culpable, aunque la forma no sea la adecuada.

Poniéndole nombre y apellido ¿Son legítimas las prisiones preventivas del ex Vicepresidente Amado Boudou y del ex Ministro de Planificación Julio De Vido?

Una respuesta intuitiva nos dice que sí. La inmensa mayoría de los argentinos está convencida de que, de alguna manera, los exfuncionarios abusaron de su poder y lograron de esa forma enriquecerse ilegítimamente. Consecuentemente, a esa inmensa mayoría, verlos presos, como a delincuentes comunes, les produce una satisfacción enorme, una sensación de justicia.

La pregunta que subyace ahora es, acaso esa sensación de justicia ¿justifica que el poder de turno se aparte del ordenamiento jurídico?

La indignación de las masas ante el desmesurado enriquecimiento de la clase dirigencial no es una cuestión que pretenda poner en tela de juicio. Hacer un análisis de los medios de comunicación y de su idílica objetividad es materia propia de especialistas, entre los que no me encuentro. Sin embargo, me atrevo a hacer un análisis jurídico de la cuestión y estoy convencido de que algo no encaja. Quizás sea el principio de igualdad, la presunción de inocencia o la tristemente célebre cadena de coincidencias que se desataron en los últimos tiempos, no lo sé, pero hay algo que no está claro. O quizás sí lo está y por eso es que me propongo exponerlo.

Hace pocos días los argentinos fuimos testigos del momento en el que uno de los hombres más poderosos del anterior gobierno, era privado de su libertad ante decenas de cámaras de televisión, que transmitían en vivo y en directo desde su domicilio particular la detención más estruendosa de la última década en nuestro país. Caía Julio De Vido.

Apenas nos acostumbramos a ello cuando otra figura descomunal como la del ex Vicepresidente seguía los mismos pasos, ésta vez con imágenes desde adentro de su departamento, para alegría de los morbosos. Ambos fueron trasladados al penal de Ezeiza; ambos con prisión preventiva.

Pero esta especie de Lava Jato argentino ¿es totalmente legítima o esconde una suerte de pantomima?

Lo primero que hay que remarcar es que se trata de una prisión preventiva. Ningún juez se ha expedido acerca de la culpabilidad de estos sujetos, por lo tanto ante la ley siguen siendo inocentes, ya que la Constitución Nacional prevé que nadie puede ser penado sin juicio previo,  mientras que los tratados internacionales de rango constitucional  establecen expresamente que toda persona acusada de haber cometido un delito debe ser presumida inocente hasta tanto y en cuanto no se establezca legalmente su culpabilidad.

Por otra parte, si bien todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, los códigos de procedimiento establecen causales que hacen procedentes las prisiones preventivas, habitualmente relacionadas con la posibilidad concreta de eludir la acción de la  justicia o con el entorpecimiento de las actuaciones.

Tanto De Vido como Boudou fueron detenidos porque los jueces entendieron que, dado el poder que supieron ostentar por haber sido funcionarios de muy alto rango, cuentan con los recursos necesarios como para alterar las pruebas que servirían para condenarlos. Jurisprudencia que sienta un precedente que promete darnos mucha tela para cortar.

Amado Boudou afronta una acusación de enriquecimiento ilícito, mientras que a Julio De Vido lo acusan de administración fraudulenta, sobreprecios y malversación de fondos. La causa del ex titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es reciente, la denuncia fue presentada el año pasado y ahora, un año después, el juez Bonadío ordenó su prisión preventiva por cuestiones vinculadas a la administración de los Yacimientos de Río Turbio y por las importaciones de gas licuado, pero basándose en pericias unánimemente objetadas por los expertos en la materia. La situación del ex Vicepresidente también es llamativa ya que la causa data del año 2010 y recién ahora el cuestionado Juez Lijo ordenó su detención.

¿No llama la atención el momento en que estas figuras públicas son detenidas? Al momento de ser acusado Amado Boudou se encontraba a cargo del Ministro de Economía y luego asumió como Vicepresidente de la Nación. Sin embargo, recién ahora que no ostenta cargos públicos, el juez considera que puede entorpecer a investigación, tal como sucede con De Vido.

Me parece que no hace falta ser un erudito del derecho para darse cuenta que el argumento de los jueces es, al menos, endeble. Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que si pueden entorpecer la investigación ahora, mucho más hubieran podido hacerlo cuando eran figuras preponderantes de la política nacional.

Y si este razonamiento es correcto ¿acaso no hay funcionarios actuales imputados en causas penales? ¿No están ellos en mejores condiciones de ocultar pruebas? Y que quede claro que con esto no defiendo a los ex funcionarios ahora detenidos. Más bien todo lo contrario, me parece lógico que si el fundamento es la posibilidad concreta de entorpecer la investigación, debieron haber sido privados de su libertad varios años atrás. Suponiendo que dicho argumento fuera legítimo, claro está.

Considerando lo antes dicho, dos cosas deben ser analizadas en este momento. La primera es la independencia judicial; la segunda es qué esconde este alboroto, que a esta altura tiene tintes de novelas mexicanas.

Lo de Lijo y Bonadío parece clarísimo, Sus Señorías no se atreven a ir contra los popes del Gobierno de turno. No se atrevieron con Boudou, no se atrevieron con De Vido, y por supuesto tampoco se atrevieron con la primera mandataria CFK. Pero tampoco se atreven a tocar al actual Presidente Macri, o a sus ministros Hernán Lombardi, Juan José Aranguren o Guillermo Dietrich, entre otros, todos ellos con causas abiertas en la justicia. ¿O acaso estos últimos no pueden entorpecer la investigación sustrayendo o alterando pruebas que se encuentran bajo su órbita de actuación?

¿Es necesario armar este circo de prisiones preventivas? Probablemente si se avanzara con la investigación y se dictara una sentencia acerca del fondo de la cuestión, más de un político nombrado en el párrafo anterior iría preso. Sin embargo no, a gran parte de la justicia argentina las cosas bien hechas parece no agradarle mucho. O tal vez esconde intereses que no pueden ser expuestos, pero que al analizar minuciosamente la cuestión indefectiblemente salen a la luz.

Por otra parte, no es menos importante destacar el momento en el que cada uno de los procedimientos ya enunciados fueron llevados a cabo. Las prisiones de los máximos exponentes kirchneristas se ordenan y consecuentemente ejecutan justo después de las elecciones. Es decir, recién cuando Cambiemos afianza su poder, los magistrados federales se animan a avanzar con las respectivas causas.

Pero mucho más que eso, sendas decisiones fueron tomadas pocos días antes y pocos días después, respectivamente, de que el Gobierno anuncie una de las reformas laborales más violentas de la historia argentina, una reforma que entre otras cosas reduce la indemnización por despido, elimina multas a empresas que incumplen sus obligaciones y obliga a los trabajadores a aportar a un “fondo de cese laboral”, abonando con sus propios haberes su eventual indemnización.

Si bien estos cambios radicales  aún no fueron aprobados, su tratamiento cuenta, además del maquillaje con el que fueron presentados, con la bomba de humo que representa la detención de los exfuncionarios. Mientras tanto, el común de los argentinos no dimensiona el alcance de la reforma. Sin embargo, incentivado por los medios de comunicación que actualmente transitan en sintonía con el poder político, el argentino promedio festeja las detenciones como un triunfo popular.

A modo de cierre, no puedo aseverar que el fin haya sido apaciguar el hambre de justicia de los  argentinos; mucho menos que el fin haya sido camuflar los efectos negativos de la incipiente reforma laboral; sin embargo, las prisiones preventivas antes señaladas no terminan de cuadrar y los motivos han sido expuestos.

Necesitamos jueces honestos e idóneos, que despejen el manto de duda que actualmente cubre a la justicia argentina; que actúen de forma independiente, sin esperar que cambie el gobierno de turno para proceder y que por sobre todas las cosas resuelvan los casos planteados conforme a los preceptos de la Constitución Nacional y no de acuerdo a sus intereses, o los intereses de los gobernantes de turno.

No podemos permitir que el fin justifique los medios, por más idílico que parezca ese fin, será siempre el ordenamiento jurídico y los principios éticos los que nos marcarán el camino a seguir. Los atajos, las excepciones y las ambigüedades morales son muy peligrosos, porque están siempre predispuestos a favorecer al más poderoso y sus consecuencias son muy difíciles de prever.

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