La posibilidad de sanción de una nueva ley penal que disminuya la edad de imputabilidad responde a una sensación, entendible, de la sociedad de que no existe una política pública que castigue a quienes violen las normas. Creemos que se tratan de dos cuestiones que, si bien están vinculadas, no necesariamente deben ser consideradas idénticas.

Estamos convencidos de que, como decía Ronald Dworkin, vivimos dentro y según la ley, y esta nos convierte en lo que somos. O deberíamos al menos. He aquí un gran problema nacional: indiferencia total respecto del cumplimiento de las normas. A lo que debe sumarse la creciente inseguridad en los polos urbanos. La situación es compleja sin lugar a dudas.

Existe una enraizada concepción en la sociedad de que “no pasa nada” si las leyes no se cumplen. Los derechos individuales prevalecen por sobre lo colectivo. La vulneración de las leyes se justifica en el habitual “todos lo hacen”.  Cualquier intento de orden por parte de las autoridades es calificado como “represión”. La tradicional costumbre del piquete es un ejemplo.

Es evidente que en un sistema jurídico donde el sistema de premios y castigo no resulta eficaz, la modificación de las leyes penales no aportará mucho a los fines buscados.

Entendemos inaceptable el abolicionismo. Resulta imposible el orden social sin penas que castiguen las faltas. Ninguna organización podría funcionar sin control sobre el cumplimiento de las reglas (familia, trabajo, clubes, tránsito, etc.). Las penas deben existir y aplicarse, porque de esa manera el resto del ejido social utiliza y valora el ejemplo. Funciona casi como por contagio.

Sabemos bien quela existencia de normas no implica necesariamente la comprobación de la justicia. Si existe una incorrecta distribución de bienes y obligaciones, oportunidades y deberes, entonces habrá estado de injusticia. Esta percepción es la que tiene hoy (o parece que posee) la sociedad. Un número relevante de personas entiende que existe una notable discrepancia entre las leyes y la justicia como valor. Hay leyes pero no hay justicia. Y puede que tengan razón.

Argentina posee un corpus normativo suficiente pero falla en la aplicación del mismo. El sistema constitucional y convencional vigente, así como el derecho privado y público nacional es de vanguardia. El problema es el control de cumplimiento de las normas y la rápida y eficaz respuesta ante las inobservancias.

La baja de la edad de imputabilidad para los menores se enmarca en ésta búsqueda por “castigar realmente” a quienes violan las leyes. La cuestión es que a los menores la pena impuesta no puede ser la común, o la misma que a los mayores, y además, requerirá de mayor asignación de recursos y seguimiento de los chicos que ingresen al sistema. Esto debería tener muy claro quienes impulsan este tipo de normas. Es un mandato constitucional y convencional.  

Si bajar la edad de imputabilidad de los menores implica la creación de un sistema eficaz e integral de reeducación de los menores, con estricto control de objetivos y metas interinas como definitivas y que tenga como principal fin la protección integral del niño en situación de delincuencia, entonces, podría verse como un aporte.

Tratar la baja de la edad de imputabilidad es sólo tratar el efecto y no la causa del problema, pero no por ello debe dejar de analizarse. Entiendo que aporta mucho al origen del problema esta anomia social crónica, por cuanto, cuando un niño ingresa a la delincuencia es porque ha transcurrido ya por una innumerable sucesión de ausencias, entre ellas, la del Estado y la sociedad toda.

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