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El ajuste presupuestario y el sistema universitario público

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El sistema universitario público se compone de 56 universidades nacionales (al menos una en cada provincia; no incluimos en ese total la Universidad de la Defensa Nacional porque se organiza de un modo cualitativamente diferente), algo más de 190.000 cargos docentes, 50 mil trabajadores administrativos y técnicos, y 1.600.000 estudiantes. Ese sistema, que celebró el año pasado  los 100 años de la Reforma Universitaria –hito nacional, latinoamericano y mundial en tanto sentó las bases de la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno en las instituciones públicas de educación superior-, sufrió en el presente año un duro ajuste presupuestario.

El presupuesto 2019 aprobado por el Congreso Nacional fue de $144.000 millones. Un crecimiento del orden del 30% en términos nominales,  respecto al del año anterior. Con una inflación que en 2018 fue 47,6 %, eso significa un achicamiento en valor real de 17,6%: equivalente a una reducción nominal de $18.000 millones. Para tener una idea de qué hablamos: con esos $18.000 millones que se sacaron del presupuesto universitario, se podrían  financiar 10 universidades como la Universidad Nacional de Misiones, que tuvo en 2019 un presupuesto de $ 1.793 millones. Con el agravante que en los fundamentos del Presupuesto 2019 se previó para este año una inflación del 23%, cuando la realidad indica que superará holgadamente el 50%, agudizando aún más el ajuste. 

Ese ajuste se traduce en pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, pago de sumas en negro (con lo cual se resienten las obras sociales universitarias y las futuras jubilaciones), reducción de becas estudiantiles, restricción en los gastos de funcionamiento y prácticamente ningún programa de desarrollo: planes de mejora de las carreras en funcionamiento, carreras nuevas, obras de infraestructura o expansiones territoriales.

Es muy gráfico en ese sentido la evolución presupuestaria de la UNaM: en el año 2003 el presupuesto fue de $30 millones, que a un valor de $3 por dólar, equivalía a U$S 10 millones. En 2016, último presupuesto aprobado por el gobierno anterior, el presupuesto fue de $816 millones, que a $13 por dólar supuso un valor de U$S 60 millones. Para 2019, el valor de $1.793 millones del presupuesto de la UNaM, a un dólar promedio de $50, equivale a U$S36 millones. Es decir, comparando 2019 con 2016 hemos sufrido una reducción de 42% en dólares. Lo mismo ha ocurrido, en más o en menos, con el resto de las universidades que integran el sistema. 

En contraste creció exponencialmente el presupuesto destinado a abonar los servicios de la deuda pública: para 2019 esa partida sumó $600.000 millones, el equivalente a más de 4 presupuestos totales del sistema universitario nacional completo.  Además de lo que significa esa deuda en términos de hipoteca para el futuro de los argentinos: mientras en 2015, -de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda de la Nación-, el valor de la deuda era de U$S 240.000 millones, alcanzó en 2019 a U$S 325.000 millones. Un crecimiento en dólares del 35%, pasando de representar el 50% del PBI en 2015 a un 90% cuatro años después. En el marco de un deterioro generalizado de todas las variables económicas significativas: nivel de pobreza, nivel de empleo, nivel de actividad económica, capacidad instalada ociosa, déficit fiscal, déficit comercial externo y nivel de inflación.

Por otro lado, la estrategia del Banco Central para evitar la corrida bancaria ha elevado a cifras siderales las tasas de interés, desestimulando la actividad productiva en beneficio de la especulación financiera. El volumen de Letras de Liquidez (LELIQ) emitidas supera el billón de pesos: $1.100.000 millones, implicando una erogación en intereses diarios de $2.000 millones: $200 millones por encima de todo el presupuesto del año de la UNaM. 

¿De qué hablamos cuando hablamos del Sistema Universitario Argentino?

En 1918, al momento de producirse ese proceso de revolución cultural que fue la Reforma Universitaria, funcionaban en el país 5 universidades: Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Litoral (Santa Fe) y Tucumán, todas públicas (las 3 primeras nacionales, las otras provinciales). La formación que se daba estaba orientada a las profesiones liberales: medicina, abogacía, ingeniería, economía. No había universidades privadas.  Los estudiantes totales ascendían a 7.000, algo así como el 0,1% de la población de entonces (7.900.000 personas según el Censo 1914). Abrumadora mayoría de varones: las mujeres no tenían derechos políticos y estaban confinadas a las tareas del hogar.  

Cien años después, funcionan 108 universidades (51 privadas). Los estudiantes están en el orden de los 2 millones (80% en universidades públicas), lo que significa el 4,5% para una población de 44 millones de argentinos. El 55% son mujeres y se han diversificado las orientaciones y carreras, muchas de las cuales están orientadas a sustentar y desarrollar el sistema científico-tecnológico nacional. 

Lo que permite deducir un salto cuantitativo y cualitativo enorme en estos 100 años, fortaleciendo la federalización, la educación superior como derecho y la promoción de la igualdad de género al interior del sistema. Además de pasar a constituirse en un espacio clave para el desarrollo de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción, la economía, la preservación del medio ambiente y la mejora en la  calidad de vida de la población del país. 

En los 50 años posteriores a la Reforma Universitaria, se sumaron 5 universidades públicas (Cuyo, UTN, Nordeste, Sur, Rosario) y unas 20 privadas que se crearon a partir de 1958 en el marco de la legislación respectiva, aprobada en el gobierno de A.Frondizi. Durante el peronismo se promovió la inclusión social y la igualdad de oportunidades en la educación superior: se estableció la gratuidad de los estudios superiores, se creó la Universidad Obrera (a partir de 1955 denominada Universidad Tecnológica Nacional –UTN-) y se aprobó el voto femenino, promocionando la participación pública de la mujer. Fue así que de una matrícula estudiantil de 47 mil estudiantes en 1945 se llegó a 1955 con 140 mil, triplicándose en 10 años. A fines de la década del sesenta ese número se había duplicado, llegando a los 300 mil estudiantes.  

Y en los 50 años siguientes hasta llegar al centenario de la Reforma, la matrícula se multiplicó por seis, llegando en la actualidad a los 2 millones de estudiantes. En los primeros años de los 70 se crearon 16 universidades públicas (entre ellas la UNaM), otras 10 en la posdictadura de los 80/90 y 20 más entre 2002 y 2015: sumando en total 46 nuevas universidades nacionales entre 1970 y el último período kirchnerista. En estas 5 décadas también se sumaron unas 30 universidades privadas. 

Podemos dimensionar el impacto de este desarrollo de la educación superior, analizando los los censos poblacionales para una provincia como Misiones. Comparando los datos del período de 20 años transcurridos entre  1991 y 2010, podemos observar que Misiones en 1991 tenía 789.000 habitantes y llegó a 2010 con 1.102.000: un crecimiento del 40%. En el mismo lapso y según los datos censales, los estudiantes universitarios en Misiones pasaron de 6.100 a 19.600 (aumentando en 220%), en tanto la población con estudios universitarios completos creció en mayor proporción, 286%, elevándose de 7.100 a 27.400 en el período, sumando a razón de mil graduados universitarios por año en promedio.

Lo que supuso más que duplicar la proporción de graduados universitarios por habitante en la Provincia de Misiones, de 1% en 1991 a 2,5% en 2010 (el promedio nacional es el 5%, lo que evidencia lo que falta para alcanzar ese nivel). Observándose además un incremento notable en la proporción de mujeres con estudios universitarios completos: mientras en 1991 era del 40 %, en 2010 llegó al 55%: unas 15 mil mujeres técnicas y profesionales en Misiones. 

Podemos concluir entonces que el impacto del sistema universitario sobre la comunidad nacional y provincial es altamente positivo, y que es necesario consolidarlo y seguir desarrollándolo en función de las necesidades y objetivos del país, la región y la provincia. Exactamente lo contrario al proceso de achicamiento en que está empeñado el actual gobierno nacional. 

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