Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

Los que quedan en el camino

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Algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, yo creo que vale la pena”. La frase del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, describe el derrumbe de la economía y se convierte en una definición política de quiebre. Ya no se trata cerrar los números con la gente adentro, sino de un sálvese quien pueda para alcanzar un país “normal”, en el que, por reflejo, no será para todos. 

El problema en la frase de Grinman es que ese “algunos” ya involucra a cerca de 22 mil empresas y casi 300 mil empleos perdidos en los últimos dos años. Números que impactan por la velocidad y la magnitud del deterioro. Durante los cuatro años de Cambiemos cerraron 25 mil pymes. Durante el peor gobierno de Alberto Fernández, que atravesó la pandemia y terminó con una feroz recesión, se estima que cerraron 12 mil empresas. 

No se trata, como plantea livianamente el diputado libertario Diego Hartfield de que “cierre de empresas hubo siempre”, sino de un plan económico que derrumbó la actividad y que no aparecen señales positivas en el horizonte. 

La misma dinámica se puede observar en la yerba mate. Durante los 90, la anterior década desregulada, la crisis tardó en hacer eclosión porque Carlos Menem había logrado congelar los precios. De la hiper se pasó a cero casi sin escalas y los productores pudieron “aguantar”, aunque inexorablemente se producía un éxodo rural y se malvendían chacras por la miseria de los precios de la materia prima. Ahora ese escenario se repite a máxima velocidad: mientras se derrumbó el precio de la hoja verde, los costos de producción no dejaron de subir. El gasoil, insumo esencial de la chacra, aumentó 231,8 por ciento desde que asumió Javier Milei. Ni hace falta sumar electricidad o los alimentos, que en el último año aumentaron por encima del 40 por ciento. La situación se hace insostenible para muchos pequeños productores. 

La industria, aunque paga mucho menos que hace dos años por la materia prima, también debe afrontar mayores costos y rentabilidad escasa.Y despide. Un círculo nada virtuoso que la reforma laboral celebrada como un triunfo por el Gobierno, no vendrá a solucionar. 

La reforma laboral es la carta que le faltaba al menú libertario. No puede quejarse el Presidente de que haya obstrucción de la oposición, ni culparla por falta de resultados: cada iniciativa considerada clave, contó con respaldo político.

La nueva ley laboral avanza sobre varios pilares sensibles del sistema de relaciones de trabajo en la Argentina. Por un lado, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica el esquema de despidos mediante la creación de un fondo de cese laboral administrado por bancos y entidades financieras. Ese fondo se nutriría de aportes patronales que hasta ahora tenían como destino la Agencia Nacional de la Seguridad Social, lo que abre un interrogante inevitable: ¿se trata de un mecanismo de previsibilidad para las empresas o de un nuevo factor de desfinanciamiento del sistema previsional?

La iniciativa también redefine el equilibrio de fuerzas entre empleadores y sindicatos. Impone límites más estrictos al derecho a huelga al fijar servicios mínimos del 75% en sectores considerados esenciales -salud, educación, transporte, energía y agua, entre otros-, un alcance tan amplio que, en la práctica, reduce de manera significativa la capacidad de presión gremial. Al mismo tiempo, promueve los acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos por actividad, lo que podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el poder estructural de los sindicatos.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta a “modernizar” la legislación laboral y a dinamizar un mercado de trabajo formal que lleva más de una década estancado. Sin embargo, buena parte de los economistas advierte que ninguna modificación normativa, por sí sola, puede revertir esa inercia si la economía no logra salir del ciclo de bajo crecimiento que arrastra desde hace años. La discusión de fondo, entonces, no es solo jurídica ni laboral: es, ante todo, macroeconómica. Sin expansión sostenida, difícilmente haya reforma que alcance.

Misiones perdió más de 10 mil empleos privados desde que asumió Javier Milei -después de un techo de 110 mil registrados en 2023-. La extensa fila -varias cuadras y largas horas de espera desde la madrugada del viernes- de jóvenes y no tanto, para cubrir 20 puestos pedidos por un supermercado familiar de Posadas, exhibe una postal que no era habitual. 

Fotos gentileza Primera Edición.

La urgencia por un trabajo atraviesa a toda la sociedad. En la construcción, el derrumbe es histórico, con el volumen de empleo más bajo desde 2007. En diciembre Misiones registró unos 4.636 empleos formales en la construcción, con una baja mensual del 6,3% (-312 empleos) al tiempo que, en la comparación interanual, el empleo se contrajo 10,1% (-521 empleos). Si se toma la evolución desde noviembre 2023 a diciembre 2025, de modo de observar el impacto sobre la construcción de las políticas aplicables por la gestión Milei, Misiones presenta una baja del 40,4%, provocando una pérdida de 3.137 empleos.

No es un problema local. La última encuesta de Zuban & Córdoba revela que la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%).

En la misma línea, la última encuesta de Atlas Intel para Bloomberg vuelve a encender luces amarillas en la Casa Rosada. La desaprobación del presidente Javier Milei trepó al 55,3% y acumula dos meses consecutivos en alza, acercándose al máximo histórico de la serie. La aprobación, en cambio, cayó al 41,5%, también por segundo mes consecutivo, mientras que el 3,3% aún no toma posición. Cuando se analiza la evaluación general del Gobierno, el 53,1% lo califica como malo o muy malo, frente a un 35% que lo considera excelente o bueno y un 11,9% que lo define como regular. Lo llamativo es que, aunque crecen tanto las opiniones positivas (+4,5 puntos) como las negativas (+5,5 puntos), estas últimas alcanzan su nivel más alto desde el inicio de la serie. La sociedad parece polarizarse, pero con un sesgo creciente hacia la crítica, aunque hasta hace pocas semanas se aplaudía a rabiar la motosierra y el ajuste.

El capítulo laboral es especialmente sensible. Más de la mitad de los argentinos cree que la reforma reducirá derechos (59%) y aumentará la precarización (55%). Un 63% piensa que la informalidad crecerá o no cambiará. Si bien el 40% espera mayor competitividad, el 58% prevé que la oferta de empleo caerá o permanecerá estancada. El mensaje oficial de modernización choca con el temor social a la pérdida de estabilidad.

El trasfondo es económico. El 62% califica la situación del país como mala y apenas el 22% la considera buena. Más contundente aún: el 57% evalúa negativamente la realidad de su propio hogar. A futuro, el 50% cree que la economía empeorará y más de la mitad anticipa un deterioro del mercado laboral. Ese clima condiciona consumo, crédito e inversión, pilares de cualquier recuperación sostenible.

No se trata de una consultora marginal. Atlas Intel fue una de las firmas que mejor proyectó el triunfo de Milei en 2023. Su estudio Latam Pulse Argentina, realizado en febrero de 2026 junto a Bloomberg, ubica la confianza del consumidor en zona negativa y posiciona al país entre los peores registros de la región.

La brecha entre la narrativa oficial de estabilización macroeconómica y la percepción cotidiana de la sociedad aparece como el principal desafío político. Porque aun cuando los números fiscales o inflacionarios muestren mejoras, el humor social se mueve por el empleo, el ingreso disponible y la expectativa de futuro. Y hoy, según estos datos, ese humor está dominado más por la preocupación que por la esperanza.

Las soluciones no pueden ser locales, aunque las provincias tienen que hacerse cargo de las consecuencias. El gobernador Hugo Passalacqua expresó con claridad su prioridad: “Empleo, empleo, empleo”; repitió durante la firma de un nuevo acuerdo de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones por 5.500 millones, destinado a Pymes y fortalecer el empleo. 

También en esa línea se inscribe la reingeniería de la cúpula del Estado que decretó Passalacqua: 144 puestos jerárquicos fueron eliminados como corolario de un proceso que se inició hace varios meses y que continuará en los próximos. “Decreté la eliminación de 114 cargos jerárquicos del ámbito provincial, entre direcciones, secretarías y otras estructuras. Esta decisión se da en el marco de una serie de medidas que estamos tomando como parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente. Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar”, detalló Passalacqua.

Es que las perspectivas no son alentadoras en cuanto a los recursos. En el mes de febrero de 2026 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,44 billones presentando un nuevo descenso en términos reales1, que esta vez fue de -7,5% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,5% real mensual).

En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 172.603 millones con una variación también negativa del 7,9% interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,7% real. El primer bimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 358.336 millones, que representa un -7,4% en términos reales contra igual período del 2025.

Si la economía no crece es improbable que los recursos lo hagan. Y la economía lejos está de crecer de forma homogénea. Apenas estertores. El estimador económico de diciembre mostró un crecimiento interanual del 3,5% y una suba mensual desestacionalizada del 1,8%. En términos de tendencia-ciclo, el avance fue de apenas 0,3%. A primera vista, el número habilita la palabra “recuperación” y el Gobierno de Javier Milei lo exhibe como señal de éxito, del mismo modo que lo hizo con el superávit comercial.

El 3,48% interanual está fuertemente explicado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2% y aportó 1,91 puntos porcentuales al total. Es decir, más de la mitad de la expansión proviene del agro. La explicación técnica es clara: cosecha récord de trigo y efecto rebote tras la sequía de 2023.

El segundo motor es la intermediación financiera, con un crecimiento del 14,1% y una incidencia de 0,52 puntos. Le sigue explotación de minas y canteras, con 9,1% y 0,36 puntos de aporte. También muestra dinamismo el sector de electricidad, gas y agua.

El patrón es evidente: la expansión se apoya en agro, finanzas y sectores primarios o energéticos.

En contraste, los sectores con mayor encadenamiento productivo y mayor elasticidad empleo-producto siguen mostrando debilidad. La industria manufacturera cayó 3,9% interanual y restó 0,60 puntos al crecimiento. El comercio mayorista y minorista retrocedió 1,3% y restó 0,16 puntos. Hoteles y restaurantes bajaron 1,5%. La administración pública cayó 1,1%.

En términos distributivos y laborales, el dato es aún más relevante. El agro combina alta productividad con baja absorción relativa de empleo. La intermediación financiera tampoco es intensiva en mano de obra. Es posible, entonces, observar crecimiento estadístico sin una mejora proporcional en el salario real ni en el consumo masivo.

Políticamente, el número permite construir la narrativa de la reactivación y alimentar el relato del “éxito económico”. Pero la estructura sectorial revela un patrón de crecimiento apoyado en commodities, energía y valorización financiera, mientras la industria manufacturera -núcleo de densidad tecnológica y empleo- continúa en contracción.

El consumo masivo no rebota: se sigue hundiendo. El adelanto de la consultora Scentia para enero confirma una caída interanual de 1,1% en el total de canales. Pero el promedio esconde el golpe real: el self service total -supermercados de cadena y autoservicios independientes- cae 3,8% frente a enero del año pasado. Dentro de ese universo, los supermercados retroceden 3,3% y los autoservicios 4,2% interanual. Es el consumo cotidiano, el de góndola y barrio, el que sigue en terreno negativo.

El desglose por canales tampoco ofrece consuelo. Contra diciembre, enero muestra desplomes de dos dígitos: supermercados -15,4%, autoservicios -12,5%, mayoristas -14,6% y e-commerce -11%. Farmacias caen 7,8%. Solo Kioscos y Tiendas (K+T) exhiben una leve suba interanual de 2,7%, mientras que el comercio electrónico crece 33% contra enero de 2025, aunque desde una base más acotada y con fuerte volatilidad mensual. Pocas veces se vio un deterioro tan extendido y sostenido en el consumo masivo: cuando caen los canales que venden lo básico, no es un ajuste estadístico, es una señal de enfriamiento profundo del poder adquisitivo.

En Misiones, las ventas en los supermercados volvieron a ser negativas. Las ventas relevadas en las bocas de expendio de los grandes supermercados de la provincia totalizaron $ 29.771 millones en diciembre y en relación con igual mes del 2024 mostraron una caída del 6,0%, la octava baja consecutiva. Fue la provincia con el tercer mayor descenso del país (solo por encima de Corrientes y Tucumán); a su vez, el retroceso también se observó en la comparación mensual  desestacionalizada, donde las ventas disminuyeron en 0,2% real (también la tercera más fuerte del país). Misiones cerró el 2025 con una caída acumulada de sus ventas del 3,8% contra 2024 (tercera más fuerte del país). Fue el peor año para este indicador en la provincia, ya que también muestra bajas contra todos los años desde 2017.

Como contraste, los Ahora se transformaron en una herramienta definitiva de sostén de la actividad económica. Los últimos datos de las ventas de los diferentes programas Ahora Misiones revelan un crecimiento exponencial en el consumo interno impulsado por estas herramientas de fomento económico durante los años 2024 y 2025. El impacto económico total en el bienio analizado alcanzó la cifra histórica de $160.945 millones, con un total de ventas en 2024 de $62.287.046.550 y $98.658.577.995 durante 2025, con un incremento nominal del 58,4% sobre las ventas totales.Los programas se han diversificado para cubrir todas las necesidades de las familias misioneras. Se destaca el programas Ahora Misiones, que con un total de $44.090 millones en el año 2025 sigue siendo el pilar del consumo, representando el 50% de las ventas totales del sistema.Sin el programa de financiamiento, la sangría fronteriza sería inaguantable. La presión por el empleo, mucho más asfixiante.

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Fate, un síntoma

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Cuando en las próximas horas el Senado convierta en ley la Reforma Laboral -concebida con la premisa de aliviar cargas empresarias y bajo la promesa, todavía incierta, de dinamizar la creación de empleo- el presidente Javier Milei sumará una nueva pieza a su arquitectura económica. En poco más de dos años de gestión, ese engranaje ya incluye el mega DNU de desregulación, la Ley Bases, un presupuesto moldeado por el ajuste y dos salvatajes financieros: uno del Fondo Monetario Internacional y otro del siempre gravitante “Tío Donald” en Estados Unidos. 

Sin embargo, más allá del sostenido superávit financiero, los resultados concretos exhiben una fragilidad evidente. La inflación, lejos de estar bajo control, continúa mostrando una tendencia ascendente desde mayo del año pasado, aun en un contexto de fuerte intervención y cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales.

Mientras se celebra la flexibilización laboral, el cierre de Fate se transformó en un síntoma de la agonía económica: 920 despidos en un miércoles negro, que desnudó los efectos de la apertura de importaciones al mismo tiempo que una desprotección de la producción nacional. No es, ni cerca, un problema exclusivo de la única fábrica de neumáticos de capital nacional, sino un caso testigo de un mal de época que provocó la pérdida de 21.938 empleadores desde diciembre de 2023 (30 por día) y la destrucción de 290.600 puestos de trabajo registrados –más de 400 puestos por día-.

Nadie en el oficialismo puede explicar cómo la Reforma Laboral ayudará a recuperar ese empleo perdido. La oposición y los menos crédulos advierten que eso no sucederá. 

No es que no se crea en las buenas intenciones del Gobierno, sino que los antecedentes no son positivos. La reforma es muy similar a otra que se aprobó a los apurones en los primeros meses del gobierno de Fernando De la Rúa. La recordada “ley Banelco” se emparenta con el proyecto actual, que retoma, casi sin matices, los mismos ejes que ya se intentaron en el pasado: ampliación del período de prueba, descentralización de la negociación colectiva, debilitamiento de la ultraactividad de los convenios, habilitación de modalidades contractuales precarias, reducción o pago parcial del salario y la imposición de cláusulas atadas a la productividad. 

El Gobierno tuvo que quitar el artículo 44, que incluía el “exceso” de imponer descuentos de hasta el 50 por ciento por enfermedad para los trabajadores. 

El conjunto tiene una lógica repetida en otros tiempos de la Argentina: hay que sufrir el presente para aspirar a un futuro, potencial, lejano, que será mejor. Álvaro Alsogaray pedía resignación con su célebre “hay que pasar el invierno”; en 1961, Roberto Alemann insistía en que “suframos hoy, que mañana estaremos bien”. En 1989, Carlos Menem ensayaba el optimista “estamos mal, pero vamos bien”; en 2001, poco antes del estallido, Fernando de la Rúa aseguraba que “lo peor ya pasó”; en 2016, Mauricio Macri prometía “el segundo semestre” y “la luz al final del túnel”. 

En 2024, Javier Milei hablaba de una “salida en V corta” también en el segundo semestre. Distintos contextos, distintas recetas y signos políticos, pero una constante narrativa: la promesa de que el sacrificio presente será recompensado en un futuro inmediato que, casi siempre, se anuncia más cercano de lo que la realidad termina permitiendo.

La reforma laboral fue aprobada en Diputados en medio de un paro general de la CGT. Contundente. El cuarto en la era Milei, que ya se convirtió en el tercer presidente con mayor número de huelgas, detrás de De la Rúa y Raúl Alfonsín. Según la central obrera, se trata del primer paso de una resistencia a la reforma, que seguramente terminará siendo judicializada y con escaso apoyo político: Un monitoreo de la consultora Zentrix sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei muestra un cambio significativo en la percepción social. En noviembre de 2025, el 55% de los consultados se manifestaba a favor de la reforma, mientras que el 39% se declaraba en contra. Sin embargo, en la medición de febrero de 2026, el apoyo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%.

En nombre de la “modernización”, el núcleo del planteo apunta a flexibilizar las condiciones laborales bajo la premisa de dinamizar el mercado de trabajo.

Ese esquema en el año 2000 fue impulsado en su momento por la ministra de Trabajo de la alianza: Patricia Bullrich, promotora también del descuento del 13 por ciento a estatales y jubilados. La promesa era la misma: la flexibilización sería el camino para generar empleo. Un argumento similar usó la senadora, ahora libertaria, Patricia Bullrich para defender la iniciativa rediseñada por Federico Sturzenegger, otro ex alianza, que ahora lidera el plan de desregulación, mientras su esposa cierra jugosos contratos con el Estado. 

A la luz de la experiencia acumulada, la ecuación -menos regulación a cambio de más empleo- no se verificó. De la Rúa se escapó en helicóptero días antes de las navidades de 2001, con 20 por ciento de desocupación y cerca de tres millones de personas sin empleo. 

Hoy la Argentina alcanzó un nuevo máximo en precariedad laboral. Según el Indicador de Trabajo Desprotegido, elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares, más de 6 millones de personas se desempeñan en puestos de baja calidad laboral, el nivel más alto desde que el INDEC publica esta serie en 2016. El dato refleja un deterioro estructural del mercado de trabajo, con fuerte impacto en jubilados y trabajadores mayores.

La industria advierte que la reforma laboral no cambiará el desequilibrio. En un comunicado, la Unión Industrial remarcó que “las principales economías del mundo no dudan en desplegar instrumentos de defensa comercial cuando perciben amenazas sobre sus cadenas de valor estratégicas”. 

Frente a prácticas de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas, los Estados intervienen para resguardar su entramado productivo. Pretender que la Argentina compita en un escenario de apertura irrestricta, sin herramientas equivalentes ni correcciones internas, supone ignorar esa evidencia comparada. La Argentina atraviesa una combinación de caída del consumo, suba de costos y competencia externa barata. ¿Si no hay a quien vender, cómo mejorará la ecuación?

El dogma libertario pretende que con menos regulaciones, el mercado se ordenará solo, generará empleo y habrá crecimiento. La yerba mate es un ejemplo cercano de que la desregulación no implica un círculo virtuoso: desplome de precios de la materia prima, con un impacto brutal en el sector productivo, acompañado por importaciones libres y sin control de calidad, lo que amenaza a la misma industria y promueve una guerra comercial de precios bajos con costos por las nubes. Sturzenegger es quien se jacta de hacer realidad la desregulación yerbatera. Los productores no tienen nada para celebrar. El viernes iban a reunirse con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero Rodrigo Correa pegó el faltazo sobre la hora. Las entidades productivas firmaron un documento en el que expusieron el estado de situación: las entidades sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, el sector atraviesa “quizás el peor momento de su historia”, marcado por una fuerte caída del precio de la hoja verde y la eliminación de herramientas regulatorias.

Apuntan específicamente a los decretos 70/2023 y 81/2025, que limitaron facultades del INYM en materia de fijación de precios y regulación del mercado. Según los productores, la pérdida de esas atribuciones dejó al sector sin un instrumento clave para equilibrar la cadena y proteger a los pequeños y medianos yerbateros.

“¿Quién puede subsistir en la Argentina de hoy, donde el combustible y otros servicios esenciales no paran de subir, con un promedio de rendimiento de 6 mil kilos por hectárea, cobrando 180 pesos por kilo y con pagos a 120 días o más?”, plantean en el documento.

“A través de este escrito, evidenciándose claramente que la política de desregulación provoca un criminal deterioro socio económico, le solicitamos formalmente, señor Rodrigo Correa, que gestione, desde el lugar que ocupa en la Institución y ante quien corresponda, la devolución de todas las facultades del INYM y que cese el desguace de normativa y de la estructura de la Institución, que se aceleró a partir de su presencia”, señala el acta firmado por los productores.

La Provincia quiere que el INYM por lo menos sugiera un precio de referencia y convocó a la industria a una reunión para el 10 de marzo para analizar la situación de toda la cadena y evaluar avances del Centro de Transacción de la Yerba Mate. 

La crisis productiva en la yerba mate es una consecuencia de las políticas nacionales, pero con efecto focalizado en Misiones, como Fate en Buenos Aires, Dass en Eldorado, La Granja Tres Arroyos en Entre Ríos o cientos de pymes en cada punto del país. Las respuestas a esas crisis “locales” son siempre de las provincias, gobernadores e intendentes. Sin embargo, al mismo tiempo, son demonizados por el “costo político” y los “gastos estatales”. Pero sin esa contención, el tejido social ya hubiera implosionado. 

Es la paradoja del momento. Los gobernadores deben negociar la sobrevivencia con Nación y se les exige atender los estallidos. Al mismo tiempo se les cuestiona si se oponen a las políticas nacionales y si no logran contener sus consecuencias. 

Misiones lo puede hacer gracias a una política económica sostenida en el tiempo, aunque está cada vez más exigida. Fue la primera provincia en acordar incrementos salariales para el sector docente y de la seguridad y ya tiene agendados encuentros con otros sectores de la administración pública. 

En conjunto, el salario docente insume alrededor de 60 mil millones por mes. De cada diez pesos que se destinan a educación en Misiones, aproximadamente 6 salen directamente del presupuesto provincial. 

A eso se suman el Boleto Estudiantil y diversos programas de cuidado del bolsillo que continúan vigentes desde hace varios años, desde crisis anteriores. Decisiones políticas al servicio de la sociedad. El gobernador Hugo Passalacqua trazó una línea: se congeló el sueldo hasta diciembre de este año y redobló la exigencia sobre el gabinete para estar cerca y mostrar resultados. La eyección de una funcionaria de Turismo por sus comentarios desaprensivos, es una prueba de que no habrá tolerancia a desvíos.

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De reformas y urgencias

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“… Del otro lado tenemos esto”. El tuit del presidente Javier Milei apuntaba a un grupo de “manifestantes” violentos al momento en que se debatía en el Congreso la reforma laboral y el Gobierno se anotaba una victoria contundente. 

Más allá de la obviedad de que la violencia era protagonizada por los infiltrados de siempre -con asistencia perfecta y una relación simbiótica con las fuerzas del orden-, el mensaje presidencial desnuda el momento que atraviesa la política: puesta en escena, agenda única ante leyes anacrónicas y una oposición silenciosa, ausente de la calle y sin reacción en los debates, mientras que la economía está cada día más complicada y sin un horizonte promisorio.  

En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa que a pesar del ajuste brutal de los últimos dos años, “se vienen meses duros” por escasez de recursos.

La economía argentina vuelve a transitar un laberinto que no le resulta desconocido. No es que el gasto haya explotado ni que el Estado haya perdido súbitamente la disciplina: el problema es más silencioso y, por eso mismo, más complejo. Los ingresos se enfrían, la actividad pierde vigor y el financiamiento empieza a exhibir límites cada vez más visibles. Cuando la recaudación se desacelera en términos reales durante seis meses consecutivos y enero perfora el piso más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación, la señal es inequívoca. 

Según datos de ARCA, los ingresos alcanzaron 18,33 billones de pesos -un aumento nominal del 22% interanual-, pero insuficiente frente a la inflación. Detrás de la cifra se esconde una economía que pierde dinamismo y un equilibrio fiscal que, sin crecimiento, se vuelve cada vez más frágil.

Ajeno a las señales de alerta en la economía, el Presidente se anotó sendas victorias en el Congreso, que dio medias sanciones a la Reforma Laboral y a la baja de la edad de imputabilidad, a los 14 años. No fueron las leyes “ideales” y hubo que negociar artículos, pero ambas normas forman parte de la oferta política libertaria. 

Claro que había que modernizar la ley laboral, vetusta y anclada en el tiempo, pero la nueva ley no parece estar diseñada para estimular la economía ni la creación de empresas, mucho menos para proteger a los trabajadores. De hecho, se mantienen impuestos -Ganancias se coparticipa y si se eliminaba se iba a desfinanciar a las provincias- y privilegios sindicales. 

En cambio, para el trabajador implica el fin de las horas extras, jornadas laborales más extensas, indemnizaciones podadas, descuentos por enfermedad, vacaciones fraccionadas y “colaboradores” sin relación de dependencia. ¿Servirá el menú para generar empleo en medio de un derrumbe que en los últimos dos años se cobró cerca de 200 mil puestos formales, con una industria que funciona a media máquina y escasos brotes verdes? Ni los más optimistas se animan a vaticinar una respuesta positiva. Sin embargo, fue una sesión de película. Dentro y fuera del recinto.

En paralelo a ese mercado laboral expulsivo y con escasas oportunidades, se endurece la legislación penal que ahora considera a los chicos de catorce años como un adulto penalmente responsable. Pudo ser peor. El Gobierno quería que la edad sea de 13 años, pero la resistencia de los gobernadores y algunos diputados obligó a “suavizar” la ley que ocupó grandes titulares en los diarios y minutos de televisión sin mucha profundidad y con ansias punitivistas. Lo cierto es que los delitos cometidos por menores de 18 años representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. 

En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad. En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.

¿Realmente ameritaba una baja de la edad de imputabilidad con tanta premura? ¿Sin casi debate? Hay muchas voces encontradas. El mapa revela que el delito cometido por menores no es un flagelo. 

Muchos son los interrogantes también sobre cómo atender este nuevo público judicial y carcelario en tiempos de recursos escasos. Se destinan apenas 23 mil millones para aplicar la ley. No alcanza siquiera para nuevos centros de detención en todo el país, mucho menos para profesionales, cuerpos penitenciarios especiales y contención, ya que no se puede poner a un menor en una misma celda que un adulto. 

Hoy el sistema carcelario está colapsado. Misiones alberga en sus cárceles a detenidos por causas federales. Se mezcla a ladrones de gallinas con narcotraficantes. En esa convivencia, lo más probable es que el ladrón de gallinas sea tentado por delitos de ganancias mayores.

En el debate en Diputados quedó claro que la premura por la aprobación de la ley era exclusiva del Gobierno. El diputado misionerista Oscar Herrera Ahuad hizo notar lo obvio: sin recursos, la ley resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable”. Una carga para las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público y la presión fiscal. Curiosamente, hace poco nada más, el oficialismo amenazaba con meter presos a los diputados que aprueben leyes sin especificar de dónde saldrían los recursos para ponerlas en práctica. ¿Quiénes serán los responsables cuando la ley esté vigente? Los gobernadores, los sistemas policiales y penitenciarios de las provincias. La Nación, es un ente inasible, pero sus decisiones afectan la vida diaria y el bolsillo de cada uno de los argentinos. 

Basta repasar cómo la desregulación del mercado yerbatero impacta directamente en la vida de miles de pequeños productores, a los que la Nación ignora, con una enorme pérdida de rentabilidad y una caída del precio de la materia prima. La Provincia inevitablemente debe hacerse cargo de las consecuencias de esas políticas, aunque las herramientas no estén en su poder. 

El presidente de la Legislatura, Sebastián Macías recibió el viernes al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa y al diputado Adrián Núñez para analizar la situación del universo yerbatero y ver cómo podría mejorar el precio de la hoja verde. Macías puso énfasis en el control de calidad y frenar la importación, además de promover nuevos mercados para aumentar la demanda. Los libertarios salieron del encuentro con una afirmación: “La desregulación ha contribuido a un aumento del consumo interno y a niveles récord de exportaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la yerba mate argentina en el mercado nacional e internacional”.

Desde el espacio señalaron que, si bien aún existen aspectos por mejorar, “el rumbo está trazado y debe sostenerse” con seriedad institucional, promoviendo mayor competitividad y previsibilidad para todos los actores involucrados. 

Los números pueden ser engañosos. Es cierto que el 2025 fue el año récord para las exportaciones, pero no es una consecuencia de la desregulación, sino de un intenso trabajo de promoción del INYM y de las propias industrias. Se enviaron al exterior 60.011.180 kilos, por un valor total de 116,34 millones de dólares, con un precio promedio de 1.938,64 dólares por tonelada. Pero hace unos años el promedio por tonelada era de 2.500 dólares y con costos mucho menores. 

En el mercado doméstico, el desempeño también fue positivo, aunque con matices. Durante 2025, la yerba mate a salida de molinos destinada al consumo interno sumó 266.788.512 kilos, lo que representó una suba del 3,08% respecto de 2024. Pero todavía está debajo del año 2023, que fue el máximo histórico en ventas internas, con 285.430.373 y debajo de los últimos cinco años. El 2020, durante la pandemia, fue el más parecido, con 268.776.695 kilos. La desregulación no hizo aumentar el mercado interno y dejó a la yerba mate como la única economía regional en rojo desde marzo de 2024, según el semáforo de Coninagro. 

La visión de Misiones es diametralmente opuesta a la del espacio libertario. La Provincia advierte que la desregulación rompió el equilibrio en la cadena yerbatera. Lo mismo que con el rol del Estado. La Renovación entiende que el Estado debe intervenir donde la economía necesita estímulos y particularmente, en el cuidado del bolsillo familiar. El gobernador Hugo Passalacqua ratificó la vigencia del Boleto Estudiantil Misionero, que permite ahorrar a una familia hasta dos millones de pesos al año en transporte, al mismo tiempo que fortalece la igualdad de oportunidades para los chicos de todos los niveles educativos.

Lo mismo sucede con la decisión de extender las medidas de alivio fiscal, para que el dinero quede en empresas y las familias, al mismo tiempo que pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial comenzó a dialogar con los estatales -docentes y policías- para comenzar el año con tranquilidad. La respuesta, nuevamente, será local, aunque los interrogantes sean externos.

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Metas distorsionadas

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Acomodando lo que se pueda, con la máxima creatividad posible, realismo del contribuyente y sin dañar el equilibrio fiscal”, le había dicho el gobernador Hugo Passalacqua a Economis hace unos días en relación con las medidas fiscales tomadas para aliviar el bolsillo y reactivar la economía. 

En esa línea se enmarca la decisión de elevar el umbral para que las empresas misioneras se conviertan en agentes de retención y percepción de Ingresos Brutos. Se busca recuperar dinamismo en una actividad económica arrastrada a una recesión autoinfligida por decisiones “de la macro”.  

El nuevo piso se estableció en una facturación de 1.800 millones anuales, en lugar de los 1.300 millones del año pasado, con una suba por encima de la inflación, lo que debe redundar en mayor flujo de caja para al menos 2.700 empresas que serán beneficiadas directamente.

El objetivo es darle vitalidad a la economía ante la ausencia de acciones y respuestas por parte del Gobierno nacional que no parece interesado en atender las realidades que estén fuera de su rango de visión ideológica.

La decisión política misionera llega en un escenario en el que la recaudación propia está en zona compleja: cayó 6,9 por ciento en 2025, como reflejo de la menor actividad económica. Por eso tiene más valor. Al contrario de las lecturas simplistas sobre la “presión fiscal”, la política tributaria no es un dogma, sino que se adapta a la realidad económica con estímulos específicos. 

El contraste con la política económica nacional está a la vista. El Gobierno de Javier Milei recurrió a usuales prácticas “populistas” para adaptar la realidad a sus intereses. 

La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos dejó en evidencia al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo, quien admitió que no estaban de acuerdo con los resultados que iba a arrojar la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor -más adecuado a los consumos actuales y con mayor peso de los servicios-, por lo que decidieron no utilizarlo, pese a los compromisos con el Fondo Monetario y un trabajo de varios años, que ahora fue dejado de lado. 

El nuevo IPC aparecerá cuando la inflación tienda a cero, dijo Caputo. O cuando convenga. En realidad, lo que se evitará con la postergación es la visibilidad del impacto de los nuevos aumentos en los servicios -energía, gas- previstos para este mes y marzo. El nuevo IPC tenía una mayor preponderancia de esos servicios y en consonancia, iba a frenar “la baja” de la inflación, que en realidad no baja desde mayo del año pasado. El mayor peso en las tarifas energéticas, de 14,5% del total en vez del 9,8% del IPC actual, tendría correlato en el cálculo final de la inflación de febrero por el 16% de aumento en gas y 3,6% en la luz.

Lo curioso es que hasta esta semana nadie cuestionaba el nuevo cálculo del Indec. De hecho, un reporte del Banco Central lo destacaba en diciembre porque “no debería afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”. 

Caputo no intentó siquiera disimular la decisión de postergar la publicación del nuevo IPC hasta “cuando convenga”. 

“Marco (Lavagna) tenía como fecha para implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar el cambio una vez que el proceso de deflación esté totalmente consolidado”, detalló Caputo. El ministro blanqueó que Milei pidió no difundir el nuevo índice y avisó que “seguiremos con el actual hasta que esté consolidada la desinflación”.

Esa decisión no implica sólo manipular los números de la inflación, sino que el achatamiento impacta en una cadena de variables, como salarios, jubilaciones, paritarias o el cálculo de gastos en el Presupuesto. 

Desde enero, el dólar oficial se ajusta por la inflación, una condición explícita del Fondo Monetario Internacional. Si se alteraba la metodología actual y el Índice de Precios al Consumidor arrojaba un número más alto, el esquema quedaría atrapado en una dinámica peligrosa. A mayor inflación, mayor ajuste del dólar; a mayor dólar, más expectativas inflacionarias, y el ciclo vuelve a empezar. Para evitar esa espiral, el Gobierno optó por no actualizar el IPC. Tras haber comprimido la actividad económica para forzar una baja de la inflación y comprobar que ni siquiera así logra domarla, ahora elige intervenir sobre el termómetro antes que sobre la fiebre.

Lo mismo que se le cuestionó al Indec manejado por Guillermo Moreno o cuando Marcos Peña cambió las metas de inflación anunciadas por el Banco Central aquel memorable 28 de diciembre de 2017. En aquella mesa estaban sentados el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, acompañado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, que hoy son figuras excluyentes del gobierno de Milei. 

“Queremos transmitirles a los argentinos la tranquilidad enorme de tener un equipo económico con una misma visión de hacia dónde ir y de trabajar en equipo”, cerraba aquella recordada conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

No hubo tranquilidad. La inflación estimada en 10 + o – 2 por ciento terminó en 47 por ciento A partir de ese día, el Gobierno de Macri entró en declive, tuvo que pedir auxilio desesperado al FMI y terminó perdiendo las elecciones. 

A diferencia de entonces, el FMI ya es un actor clave de la política económica y Donald Trump es a Milei lo que fue Christine Lagarde. 

Habrá que ver si los resultados son distintos, pero The Wall Street Journal, ya advirtió que el episodio está “poniendo a prueba la confianza de los inversores en la reforma económica” del presidente Javier Milei. El matutino financiero sostuvo además que la controversia “revive el recuerdo de los esfuerzos de sus predecesores peronistas por manipular los datos de precios al consumidor”.

Lo que no puede tapar la demora del nuevo IPC son los indicadores económicos, que marcan una depresión profunda sin señales de recuperación. 

La industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, al arrojar un retroceso del 3,9% versus el mismo mes de 2024. De este modo, los datos volvieron a reflejar que se trata del sector más afectado por el modelo económico impulsado desde el Gobierno.

El análisis sectorial expone un mapa preocupante: 10 de las 16 divisiones industriales registraron caídas interanuales. Los retrocesos más profundos se dieron en textiles (-25,7%), prendas de vestir y calzado (-16,7%), automotores (-19,4%) y maquinaria y equipo (-14,8%), sectores intensivos en empleo y clave para el entramado productivo nacional.

Incluso dentro de los rubros que lograron crecer, el desempeño es heterogéneo. Alimentos y bebidas apenas avanzaron 0,8%, mientras que yerba mate, té y café retrocedieron 4,5%, un dato especialmente relevante para las economías regionales. La industria vinculada al consumo masivo muestra signos de agotamiento, presionada por la caída del poder adquisitivo.

Para el Gobierno, sin embargo, la culpa no es propia, sino de la misma industria que no se anima a competir. “Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo”, dijo un locuaz Caputo. En la industria no están muy contentos con la posición oficial. La Federación de Industrias Textiles Argentinas alertó que estas prácticas se reflejan en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 30% en el sector textil. “El problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta”, afirmaron desde la entidad, que reclamó el cumplimiento de las normas vigentes de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa como paso indispensable para recuperar producción, empleo y desarrollo industrial en la Argentina.

No parece haber demasiado interés en atender esas demandas. De hecho, hay funcionarios que se regodean en lo contrario. El asesor presidencial Miguel Boggiano lo expresó con claridad: “Se van a fundir. Se tendrán que ir a otro lugar. Se fundirán. Yo no tengo vergüenza en decirlo”.

El ministro del Interior, Diego Santilli exhibió ante los productores nucleados en Coninagro, una muestra clara de que el Gobierno no está dispuesto a atender reclamos ni advertencias. En el encuentro con la entidad se dedicó a “vender” la reforma laboral que Milei espera tener aprobada antes de marzo, más que a escuchar los planteos del campo y la chacra. El presidente de Federación de Cooperativas de Misiones, Gustavo Hein, expuso ante Santilli la crítica situación del sector yerbatero durante la reunión del Consejo de Coninagro, realizada el miércoles por la noche.

Hein detalló ante el funcionario que “el yerbatero es un mercado especial” que requiere reglas de juego diferentes a las del mercado general, debido a sus características propias. En ese sentido, sostuvo la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan equilibrar la oferta y la demanda, evitar la depresión de los precios que recibe el productor y, al mismo tiempo, garantizar que el consumidor pague un precio razonable por el producto terminado.

Hein señaló que Santilli escuchó el planteo con atención y se mostró receptivo, al tiempo que manifestó que ya estaba al tanto de la problemática, dado que había dialogado previamente sobre el tema con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

El funcionario nacional indicó que la cuestión deberá canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ámbito en el cual se deberían formalizar los planteos y abrir una instancia de diálogo y negociación.

“El desafío es convencer a la Secretaría de que el sector necesita otros instrumentos para mejorar la situación del productor”, resumió Hein, al sintetizar los pasos que, a su entender, deberían seguir tras el encuentro. Agricultura conoce en detalle la situación, ya que el Instituto Nacional de la Yerba Mate depende de ella, pero está claro que la política de desregulación no es una variable que esté en negociación. 

En el Gobierno provincial tienen claro que la solución para la yerba mate no vendrá de la mano de notas o reclamos a Nación -aunque sea una batalla que no se abandona-, porque entiende que la desregulación forma parte de la matriz ideológica libertaria. Habrá que ser pacientes y creativos para encontrar alternativas que cuiden a los productores primarios. El tabaco es una muestra de que las negociaciones colectivas pueden arrojar resultados positivos: el precio acordado establece un valor de $4.602 por kilo de tabaco Burley para la calidad más alta, denominada B1F, en boca de acopio. El aumento está bastante por encima de la inflación. Sin embargo, un grupo de productores bloquea el ingreso a la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, en reclamo de un aumento mayor. A nadie sorprende que dirigentes libertarios estén al frente de la protesta.

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Techint, Mercado Libre, Dass y Goya, hilos de la misma madeja

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Don Chatarrín”, bautizó el presidente Javier Milei a Paolo Rocca, el presidente del grupo Techint, en medio de una disputa que estalló por la licitación que ganó un grupo indio para abastecer de caños de acero un gasoducto desde Vaca Muerta. La extraña pulseada con quien fue uno de sus aportantes de campaña fue in crescendo y tiene en vilo a las principales corporaciones del país por el nivel y por las consecuencias que podrían derivar de la eventual caída de uno de los gigantes. 

Milei fue a fondo. A través de sus redes sociales, el Presidente decidió no argumentar: eligió subrayar. Citó un posteo de un usuario afín que acusaba sin eufemismos a Paolo Rocca de haber jugado “all-in” para que el gobierno llegara a su fin tras las elecciones de septiembre. El mensaje cerraba con una sentencia lapidaria: “Jubilate, tano. Perdiste”.

Milei no agregó explicación ni matiz. Sumó apenas una palabra. Pero en el lenguaje de las redes y del poder, alcanzó: “Dato”.

La derrota de Techint en la licitación para proveer los caños de un ducto de casi 500 kilómetros no es un dato menor ni un simple revés empresarial. Se trata de un proyecto estratégico, clave para transportar gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro y habilitar su exportación. En otras palabras: infraestructura crítica para uno de los pocos motores genuinos de dólares que tiene hoy la Argentina.

La adjudicación quedó en manos de la firma india Welspun y abrió una grieta incómoda en el corazón del debate económico actual: ¿hasta dónde llega la apertura y dónde empieza el daño estructural?

Desde el Grupo Techint la reacción fue inmediata. No sólo expresaron su malestar, sino que adelantaron que evalúan avanzar con un recurso antidumping. El argumento es conocido, pero no por eso menos relevante: competencia desleal, precios imposibles de igualar y una decisión que, bajo la lógica del menor costo inmediato, termina golpeando de lleno a la producción y al empleo industrial local.

El punto no es defender a una empresa en particular -Techint es un gigante global que sabe competir-, sino preguntarse qué señal se envía cuando un proyecto energético estratégico prescinde de proveedores nacionales con capacidad instalada, experiencia y empleo argentino detrás. No es una discusión ideológica, sino de desarrollo.

La paradoja es evidente. Se impulsa Vaca Muerta como política de Estado, se la presenta como la gran palanca exportadora del futuro, pero al mismo tiempo se importan insumos clave para hacerla posible. El gas será argentino, pero una parte sustancial del valor agregado viajará en barco desde Asia.

El riesgo es claro: que la lógica de la apertura sin red termine desarmando eslabones industriales que luego cuesta décadas reconstruir. Porque cuando una planta baja persianas, no se pierde sólo producción; se pierde conocimiento, empleo calificado y soberanía tecnológica.

La licitación perdida por Techint no es un episodio aislado. Es un síntoma. Y como todo síntoma, merece algo más que silencio o resignación: merece una discusión seria sobre qué modelo productivo quiere la Argentina cuando decide cómo y con quién construye su futuro energético.

La disputa no es menor. Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperín, un entusiasta de las políticas expresadas por Milei, también se queja de la excesiva permisividad de la apertura comercial. El boom de las compras puerta a puerta, acelerado por la liberación de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, empezó a mostrar su costado más áspero. Mercado Libre salió a confrontar de lleno a Temu, a la que denunció ante la Secretaría de Comercio por presunta competencia desleal y publicidad engañosa. La respuesta de la plataforma china, fundada por Colin Huang fue judicial.

La paradoja es llamativa: Mercado Libre cuestiona prácticas comerciales que, según sostiene, violan las normas básicas de lealtad comercial: descuentos extremos condicionados, reglas poco claras y una “gamificación” que promete beneficios que rara vez se materializan sin cumplir requisitos crecientes. La Secretaría de Comercio tomó nota, abrió una investigación formal y dictó una cautelar para frenar esas prácticas.

El telón de fondo es contundente: las compras de argentinos en plataformas asiáticas crecieron casi 300% interanual, empujadas por un esquema de importaciones más laxo. La apertura funciona, pero también tensiona. Y no sólo en términos fiscales o logísticos, sino en la protección al consumidor y en la competencia entre jugadores que operan bajo reglas muy distintas. Y en el empleo. La crisis textil es inédita. 

Desde Mercado Libre insisten en que el reclamo no es contra la apertura -que respaldan y de la que participan- sino contra la falta de condiciones equitativas, lo mismo que reclamó un empresario forestal misionero al Gobierno nacional. Una postura que también refleja una preocupación mayor: el impacto de este modelo sobre las pequeñas y medianas empresas locales, que siguen siendo el corazón del comercio digital argentino.

Ambos debates son reflejo del impacto del nuevo modelo en la economía real. Suena lindo, pero tiene consecuencias. 

En la otra punta de la Argentina hubo otra expresión de la mirada libertaria sobre las empresas que están atravesando una de las peores crisis económicas de los últimos años y que piden a gritos un poco de respaldo del Estado. Fue en Misiones, donde la concejal libertaria María Elena Fernández se metió en la discusión entre el forestal Nicolás Ocampo y el ex tenista Diego Hartfield por la competitividad del sector, afectada por la caída de las ventas, suba de costos y apertura de importaciones. “Este sector por 40 años fueron subsidiados y beneficiados con créditos fiscales por ley 25.080 y lloran. No fue suficiente regalarle 40 años para que sean rentables”, escribió la concejal posadeña. En otro comentario, profundizó el tono: “500 pymes dudo. Mano de obra esclava sí creo”. Y cerró con una acusación aún más agresiva: “Unos pocos vivos se enriquecieron y quieren seguir con su fiesta”.

Lejos de bajar el tono, la edil acusó de la crisis a Misiones por el cobro de Ingresos Brutos -una muletilla que es repetida en el coro libertario- y comparó la situación de las empresas misioneras con las de Corrientes, donde “se establecen empresas y no sufren los impuestos al IVA y a Ganancias que padecen los misioneros”. Desconoce que ambos impuestos son nacionales. Pero parece no importar el dato, sino el relato. El ex tenista Diego Hartfield se quejó de los gobernadores que reclaman compensaciones por la (mayor) caída de ingresos que generará la aprobación de la reforma laboral. “Esto es un cambio de era para nuestro país y hay que mirar en el largo plazo. Acá se está pensando en bajar impuestos para que haya una reactivación económica fuerte que después, probablemente, termine en una mejor y mayor recaudación. Probablemente. 

“Para hacer ese paso hay que pasar por un momento duro, de reducir la carga del Estado, achicar los gastos, eficientizar las cuentas”, reflexiona el ex tenista mientras transpira en una cinta. 

La realidad marca que en Corrientes, “donde no sufren los impuestos al IVA y a Ganancias”, acaba de cerrar la histórica industria textil Alal , en Goya y dejó a 260 personas sin empleo. “Es difícil sostener una empresa cuando no hay ventas. En la caída del consumo que está atravesando en este momento Argentina se hace muy difícil seguir sosteniendo la empresa”, admitió el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Corrientes no grava con Ingresos Brutos a la industria, pero ese dato, que podría robustecer el relato antiestado, en realidad, lo desmitifica: en la tierra del chamamé hay apenas 555 industrias activas, mientras que en Misiones hay 963. En el último año ambas provincias sufrieron una idéntica caída porcentual de industrias: 8,2 por ciento.  

“Hay preocupación industrial porque empieza a colapsar el sector. Competir con la importación con las empresas extranjeras es muy difícil. Es más costoso comprar un producto hecho en Argentina que hecho en otros países”, advirtió Valdés.

Según explicó, la falta de ventas atraviesa a distintas actividades. “Todos están preocupados porque no hay ventas, la industria yerbatera también, la forestal lo mismo”, enumeró, al anunciar que ya se solicitó una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, prevista para entre el 9 y el 13 de febrero. Allí, adelantó, se expondrá la situación de las industrias correntinas y el impacto que el actual contexto económico tiene sobre la producción local. “No hay margen para aumentos salariales”, admitió el heredero del poder correntino y reconoció que sin una ayuda nacional, no podrá hacer frente a los compromisos. En paralelo, los 74 municipios correntinos atraviesan una crisis financiera y administrativa de enorme magnitud. Cesación de pagos, balances irregulares, falta de transparencia y declaraciones de emergencia económica se multiplican, mientras el discurso oficial insiste en el equilibrio fiscal.

De este lado del Chimiray, Misiones no escapa a la crisis -Dass volvió a despedir a 43 operarios, hay empresas en crisis y caída de empleo-, pero la enfrenta mejor armada, precisamente por su política fiscal, que le permite al Estado blandir un abanico de herramientas para acompañar a empresas, sostener a municipios y estimular el consumo. Pero no es un dogma. La política fiscal es una herramienta que se vuelve flexible cuando importa. En lo que va del año el gobernador Hugo Passalacqua anunció varias medidas de alivio que buscan proteger la economía, sin poner en riesgo el equilibrio financiero que tanto gustan exigir en la oposición. 

La baja del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los combustibles, la extensión de beneficios fiscales para profesionales e industrias, la prórroga de vencimientos y los descuentos en el Impuesto Inmobiliario configuran un paquete que apunta a sostener actividad y previsibilidad, dos palabras hoy escasas en la economía argentina.

Las nuevas alícuotas del Impuesto Provincial Automotor 2026 van en esa línea: aumentos muy por debajo de la inflación. Según el análisis de las valuaciones interanuales 2025–2026, el incremento promedio general del tributo se ubica en el 13,93% y alcanza a 171.909 dominios en toda la provincia. El dato, leído en frío, podría pasar desapercibido; leído en contexto, marca una diferencia frente a otros tributos que crecieron muy por encima de la inflación real de los bolsillos.

Más aún: más del 71% de los vehículos registra aumentos interanuales de hasta apenas el 10%, mientras que 8.060 dominios presentan variaciones nulas o incluso negativas. No es casual. La intención política es explícita: evitar saltos abruptos en la carga tributaria y sostener previsibilidad para la mayoría de los contribuyentes.

A eso se suma una decisión de fondo que trasciende el corto plazo. La nueva exención total por antigüedad, que beneficia a más del 30% del parque automotor misionero, introduce un alivio fiscal estructural. Automóviles particulares con más de 20 años, camiones, camionetas y furgones con 25 años o más -reconociendo su rol productivo- y motocicletas con más de 15 años quedan directamente exentos.

No se trata solo de un gesto social. Es una definición de política tributaria: dejar de gravar activos de bajo valor fiscal pero alto valor social y productivo. En especial, para trabajadores, familias y pequeños productores que utilizan esos vehículos como herramienta cotidiana.

El paquete fiscal misionero no resuelve los problemas macroeconómicos del país -ninguna provincia puede hacerlo-, pero sí construye un sendero propio: menos shock, más previsibilidad y un Estado que ajusta sin desentenderse del impacto real sobre la economía cotidiana. En tiempos de motosierra discursiva, ese matiz también cuenta.

En contraste, el Gobierno nacional que hace una bandera -discursiva- de la baja de impuestos, lejos está de dar previsibilidad y de pensar en el bolsillo de los que hacen malabares para llegar a fin de mes. 

Hace unos días se conoció el nuevo esquema de subsidios energéticos que eliminó las categorías. Tener o no tener subsidio es la cuestión. En el norte, los gobernadores pelearon para que se contemple el calor del verano y por eso se elevó el tope de consumo subsidiado a 550 kv/h mensuales. El beneficio durará hasta febrero y en marzo bajará a apenas 150 kv/h, cuando el verano ni siquiera amaga con irse de Misiones. De hecho, en marzo suele darse el pico de consumo misionero y todo lo que supere ese 150 pagará tarifa plena. A pesar de las advertencias de la Provincia, el nuevo esquema no admite contemplaciones. El Gobierno de Milei quería hacerlo retroactivo al 16 de enero. Habrá que prepararse para un cimbronazo en las boletas.

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