Se creó en Misiones el programa “El Cáncer Infantil Se Cura”

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El objetivo de la norma es promover la detección temprana del cáncer infantil. La Cámara de Representantes aprobó una ley que crea este programa. El mismo fue impulsado por la Asociación Creación que asiste a niños con cáncer en tratamiento.

El presidente de la comisión de Salud, el doctor Oscar Alarcón destacó: “Este programa promueve el diagnóstico temprano. Servirá para dar difusión e información para que las familias puedan concurrir mas rápido al médico. Este programa brinda todas las herramientas para que el diagnóstico sea rápido”.

El diputado fundamentó: “En Argentina tenemos mas de 1500 diagnósticos nuevos de pacientes oncológicos nuevos previos a la pubertad. Más del 75 por ciento se puede curar con un diagnóstico temprano”.

“El objetivo de la presente ley es que se arbitren las medidas necesarias para difundir las posibilidades de sobrevida del cáncer infantil en los diferentes ámbitos de la comunidad y de manera masiva”, señala el artículo tercero.

Se instrumentarán campañas de información para que la población conozca los síntomas de las enfermedades oncológicas, así como de los tratamientos existentes.

Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Salud Pública.

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Es ley el Observatorio de Violencia Laboral

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La Cámara de Representes aprobó el proyecto que da visibilidad a una problemática social que carece de políticas específicas.

La diputada que elaboró la norma, Silvana Giménez señaló: “Esta ley va más allá de recolectar y sistematizar información de casos de violencia, también tendrá la función de capacitar y dar información. Esta es una conquista más para los trabajadores”.

El proyecto de ley nace de la iniciativa de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que tiene un trabajo permanente sobre la problemática.

La ley prevé “la formulación e implementación de políticas públicas y estrategias tendientes a la identificación y tratamiento integral de la problemática de violencia laboral; recopilación, registro, estudio, análisis y difusión de datos sobre casos de violencia en el ámbito laboral”.

El observatorio establecerá un sistema que recolectará información de manera permanente para detectar casos de violencia en el ámbito laboral.

“Resulta necesario generar acciones inmediatas de abordaje de la problemática como mejoramiento del clima laboral, adecuada información y comunicación en la organización gubernamental”, señala la ley.

El observatorio funcionará como una dirección del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

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Violencia de género: Misiones adhirió a la ley Micaela

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Misiones adhirió a la Ley Micaela que establece un Programa Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres. El objetivo es capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos. Abarca a los tres poderes del Estado.

La Cámara de Diputados aprobó la adhesión mediante el proyecto de la legisladora provincial Silvia Rojas.

La diputada expresó “será un antes y un después. Todos deben capacitarse. Queremos que se pueda comprender qué es la violencia de género, qué son los estereotipos, las asimetrias entre el varón y la mujer”.

En el recinto también acompañó la profesora de gimnasia aeróbica Rossana Gutierrez quien destacó a Micaela García, como una luchadora desde pequeña. Micaela era gimnasta y una referencia para las deportistas. La joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche en Gualeguaychú, por un hombre que tenía antecedentes. En su nombre se impulsó esta ley nacional hace casi dos años.

Gutierrez dijo: “Vinimos a apoyar la sanción de la Ley Micaela. Ella fue un emblema, no sólo por su militancia política, también como deportista. Compitió durante muchos años con sacrificio y constancia y desde muy pequeña peleó por los derechos de los demás”.

La profesora Gutierrez acompañó al equipo de gimnastas que ganaron siete medallas en los Juegos Panamericanos y recibieron un reconocimiento de la Cámara de Representantes de Misiones. 

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INYM: Productores piden que se remueva al presidente y la gerenta por resolución que habría favorecido a yerbateras

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Un grupo de asociaciones yerbateras pidió hoy que se remueva temporalmente de sus cargos al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Alberto Re, y a su histórica gerenta, la contadora Rosana Biale y que se investigue una polémica medida que se dictó la semana pasada y, sostienen, favoreció a empresas yerbateras.

Los representantes de cinco entidades de productores -que se reunieron esta tarde en la sede del INYM-, hicieron esta solicitud en una carta dirigida al ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere. El INYM es un ente autárquico con representación privada y pública, pero en el organigrama depende del Agroindutria, cuyo ministro es quien designa al titular de la entidad.

El jueves pasado, el directorio del INYM modificó el régimen de multas que se aplican a las empresas que violan normas de la ley 25.564 (la ley que creó el INYM y regula la actividad yerbatera).

La modificación hizo que ante una falta, la multa máxima pasara de equivaler a 1 millón de kilos de yerba canchada, a un máximo de 10.000 kilos. Con la posibilidad adicional de reducirla en un 50% si se paga en forma voluntaria. O sea, la multa máxima paso de un tope de 58,1 millones de pesos ($58,1 está el kilo de canchada) a 290.000 pesos.

El INYM publicó hace dos días en el Boletín Oficial la resolución 268/2019 que oficializa este nuevo régimen de sanciones, e inmediatamente después emitió penalidades pendientes que habrían recaído en un grupo de empresas yerbateras cuyos nombres no se divulgaron. Estas empresas se beneficiaron con la reducción en las multas por sumas millonarias, dicen los productores.

Según los productores, hubo una “condonación de multas por una cifra cercana a los 90 millones de pesos”.

Lo cierto es que desde la conducción del INYM se defienden, y destacan que se avanzó en multar a un grupo de empresas, aún ante la resistencia de estas firmas a ser castigadas. “Reafirmamos la potestad del INYM para multar a las empresas ante diversos incumplimientos, algo que era muy resistido, además los montos se adecúan más a la situación que están viviendo las empresas y el país”, dijo Re, en diálogo con Economis.

Es cierto que una multa de 58 millones de pesos, como lo era la máxima penalidad antes de los cambios, hoy parece una suma fuerte, capaz de poner en aprietos financieros a una yerbatera, sobre todo si se toma en cuenta la actual crisis y la envergadura media de estas empresas. Equivale a 1 millón de dólares al cambio de hoy.

Reunión caliente en el INYM

Pero apenas trascendió esta novedad, algunos dirigentes pusieron el grito en el cielo y convocaron a una reunión en el INYM que se realizó esta tarde y que duró más de cuatro horas.

Después de esa cónclave, los productores firmaron y difundieron la nota dirigida a Etchevehere en la que le piden que investigue qué sucedió y que remueva temporalmente a Re y a Biale, a quienes acusaron de tener “fuertes vínculos con el sector molinero”.

Como presidente del INYM Alberto Re podría alejarse de la entidad si hay cambio de guardia en la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre. Cuando Etchevehere reemplazó a Ricardo Buryaile en Agroindustria, Re le presentó la renuncia para dejarle las manos libres a designar otro presidente. Pero Etchevehere respaldó a Re.

Pero lo más llamativo de la carta de hoy no fue el pedido de la “cabeza” de Re, sino el de Rosana Biale, contadora, e histórica funcionaria del organismo yerbatero, donde trabaja desde hace más de 10 años.

Biale tiene un amplio manejo sobre cuestiones administrativas del organismo, que incluye el manejo de información del mercado y las empresas, que el INYM considera secreta y reserva a muy pocas personas. Es oriunda de Colonia Liebig, una localidad sinónimo de la cooperativa que descolla en el sector como ninguna otra firma en los últimos años (Playadito, segunda del mercado).

Los productores que hoy firmaron la carta son Hugo Sand (APAM), Julio y Jonás Peterson (ACPYN), Ariel Stefen (ACPYN), Victor Fabián Tarnowyk (ACPYN), C de la Pierre, Martin Dellien (Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera San Pedro), y Roberto Buser (Arya), Rubén “Cacho” Ozeñuk, Nelson Dalcomo (Asociación Chimiray), y Juan José Szychowski.

“Apoyamos a la propuesta de removerle al presidente y la gerente. Deberían estar pendientes de garantizar el buen funcionamiento del INYM y el cumplimiento de la ley. Hoy es más conveniente incumplir el pago del precio oficial de la hoja verde y pagar la multa, que hacer lo que indica la ley”, explicó a Economis, Julio Peterson.

“El INYM está contaminado, no se está defendiendo al productor”, explicó Ariel Steffen, productor de San Pedro. “¿El INYM está a favor de las grandes empresas?”, se preguntó el productor.

Crisis de representatividad en el INYM

La carta y el pedido de la cabeza de Re y su gerenta, además, vuelve a poner en crisis de representatividad al INYM, porque enfrenta a los representantes de la producción, pata fundamental del organismo (junto a los industriales), con la conducción de la entidad.

Como sucedió en abril de 2017 cuando los productores llegaron a tomar la sede del organismo durante varios días. En aquella oportunidad hubo promesas de modificaciones de fondo en el funcionamiento del INYM, entonces muy cuestionado, sobre todo en su capacidad para intermediar entre productores e industriales y lograr condiciones más favorables para la parte más débil de esa relación. O sea, el pequeño productor.

Pero con el paso del tiempo, cuando se aquietaron las aguas, esa promesa de revisar a fondo el funcionamiento del INYM se fue diluyendo. El organismo yerbatero mostró incapacidad para generar anticuerpos a sus vicios de funcionamiento y todo siguió más o menos igual. Aquí no ha pasado nada.

A la calma posterior también contribuyó, en parte, el buen ciclo de la yerba, que está pasando por uno de esos momentos que se dan cada 7 o 10 años, donde el mercado paga precios incluso superiores a los que establece el INYM y el pequeño productor puede resistir algo mejor.

Sin embargo en los últimos tiempos se encendieron algunas alarmas. A mediados de agosto, en la anteúltima sesión para definir el precio oficial de la materia prima (septiembre-febrero), un grupo de asociaciones de productores firmó una nota desconociendo lo que acababan de negociar sus directores-productores. Es decir, aquellos que deberían supuestamente representarlos.

Como una muestra de la desconfianza que generaban sus representantes en el directorio, esas asociaciones pidieron por escrito ir inmediatamente al laudo de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y cancelar la tercera y última sesión de precios del directorio. El pedido de por sí es atípico, los productores suelen hacer hasta el último esfuerzo por acordar el precio en el seno del INYM, cosa que sucede menos de la mitad de las veces.

Un dato más. En esas cuestionadas sesiones para definir el precio, de los tres directores que representan a la producción, dos también tienen o tuvieron roles como industriales yerbateros.

Porque uno de ellos es también dueño de una pequeña pero reconocida empresa yerbatera. Otro, es socio y antes fue directivo de la Cooperativa Liebig, la cual, como se dijo más arriba, es la empresa que junto a Las Marías, lidera el negocio yerbatero en la Argentina.

Como si en una paritaria, los que representan al sindicato son también industriales o miembros de la UIA.

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Bono: La Cámara Argentina de Comercio acordó el pago en hasta 5 cuotas

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Desde el sindicato de Comercio, que conduce Armando Cavalieri, comunicaron el acuerdo al que llegó el gremio sobre el bono de $5.000 que se decretó. El monto sería abonado en cinco cuotas consecutivas de $ 1.000 a partir del sueldo de septiembre.

En un encuentro entre Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, a cargo de Armando Cavalieri, y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentina, se acordó el pago del monto no remunerativo que oficializó hoy el Gobierno.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) había informado de la adhesión al decreto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 665/2019, que estableció una asignación no remunerativa de $5000 para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

Desde la institución explicaron que el decreto fue promulgado tras una ronda de diálogo convocada por el Gobierno Nacional, de la que participaron diversas entidades gremiales empresarias –entre ellas la CAC– y representantes de los trabajadores, y determina que dicha suma se compensará en las próximas revisiones salariales y será proporcional en casos de jornada reducida.

En virtud del artículo 1° del decreto, y en línea con la postura sostenida por la Entidad en las reuniones de consulta, dicha asignación podrá abonarse en “los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo”. En virtud de lo anterior, desde la CAC negociaron los términos de dicha recomposición para el sector representado.

Explicaron que para el caso de aquellos empleadores que, a partir del 12 de agosto, hubiesen otorgado unilateralmente o por medio de acuerdo extraordinario otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma de la asignación previamente mencionada.

Sobre la modalidad del pago, el acuerdo que aún falta homologar permite que las empresas puedan abonar el bono hasta en 5 cuotas iguales y consecutivas, junto a los salarios. No excluyendo a quienes quieran abonar el bono en un solo pago con el salario de octubre.

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